La Moncloa ha reaccionado a las palabras del fundador de Telegram, Pável Dúrov, a quien ha acusado de haber difundido “diversas mentiras” y “ataques ilegítimos” contra el Gobierno a raíz del anuncio de Pedro Sánchez de limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y de impulsar medidas para perseguir a las plataformas digitales que no retiren contenidos “de odio e ilegales”. Según fuentes del ejecutivo, el mensaje masivo enviado por Dúrov a los usuarios de Telegram en España, en el que les instaba a estar “vigilantes” y a defender sus derechos ante un supuesto “control total” del Estado, constituye una manipulación deliberada de la realidad. El Gobierno ha reprochado especialmente que el empresario haya utilizado el control “sin restricciones” que tiene sobre la aplicación para lanzar una alerta generalizada que, a su parecer, distorsiona el alcance real de las propuestas anunciadas. “Es la primera vez que pasa en la historia de nuestro país”, han subrayado desde la presidencia.

Por su parte, Sánchez ha respondido directamente a las críticas con un mensaje en la red social X: “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”, ha escrito el presidente, evocando una conocida expresión atribuida al Quijote. También se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha denunciado públicamente que “miles de usuarios de Telegram hayan recibido” un mensaje “no autorizado de su amo”, en el que se acusaba al ejecutivo español de “amenazar las libertades”. La líder de Sumar ha rechazado estas acusaciones y ha advertido que la ofensiva del Gobierno contra el poder de las tecnológicas no se detendrá. “No nos tumbarán. Romperemos los monopolios digitales y devolveremos la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos”, ha afirmado en un mensaje publicado en la plataforma Bluesky.

Ataques directos a Dúrov

Desde la Moncloa también han remarcado que Dúrov “está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves” y han asegurado que la plataforma ha incumplido “de manera reiterada las obligaciones de control”. En este sentido, el Gobierno defiende que el fundador de Telegram ha impulsado “deliberadamente una arquitectura de mínima moderación”, convirtiendo la aplicación en un entorno donde, según el ejecutivo, se han repetido “actividades criminales documentadas”. Entre los ejemplos, la Moncloa cita el uso de la plataforma en redes de abuso sexual infantil y en el tráfico de drogas, con casos que, según apuntan, han sido investigados en diversos países, como Francia, Corea del Sur o España.