El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este miércoles que si ha habido algún "transgresor" de la ley en el caso del espionaje al presidente del Parlament, Roger Torrent, se tendrá que investigar porque se trata de un hecho "grave".
En una entrevista en Televisión Española, el ministro ha argumentado que tiene "plena confianza" en el estado de derecho y ha apuntado que todas las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se enmarcan en el "rigor con el cumplimiento de la ley".
"El código penal castiga"
El ministro ha destacado que el Estado protege el secreto de las comunicaciones y que el código penal castiga a los que no lo respetan. Ha añadido que habrá que esperar a saber como adelantan las investigaciones y a si aparecen nuevas informaciones.
Pegasus
El programa de espionaje Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO, sólo lo pueden comprar los gobiernos y las fuerzas y cuerpos de seguridad y es el programa que se habría utilizado para espiar el móvil de Roger Torrent.
Pegasus permite controlar y tener acceso a casi todo el terminal que se ha hackeado. Este programa permite al agresor oír conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar la cámara y el micrófono del móvil.
Presos políticos
El ministro de Justicia se ha referido al tercer grado que la Generalitat ha ratificado para los presos independentistas y ha dicho que el Gobierno sólo puede actuar con "respeto" por las decisiones acordadas y la ley. Eso sí, ha recordado que hay que dejar que el estado de derecho "funcione" y que si hay alguien a quien no le guste la decisión la pueda "recorrer".
Los rebrotes de coronavirus
Después de que el juez haya ratificado las medidas en tres barrios de l'Hospitalet y el endurecimiento del confinamiento en siete municipios del Segrià, el ministro se ha felicitado por que la administración no se esté "perdiendo" en discusiones jurídicas. Campo ha subrayado que hace falta "bloquear" la Covid-19 y proteger a la población y que las comunidades autónomas tienen que encontrar el mecanismo legal para poder contener el virus.