El Ministerio del Interior ha reconocido este jueves por la tarde que la iniciativa para solicitar el traslado de los presos políticos a Catalunya es del gobierno español, después de que el ministro Fernando Grande-Marlaska pasara la pelota al juez Pablo Llarena. Sin embargo, fuentes del ministerio han confirmado a la ACN que no hay intención, hoy por hoy, de plantear un acercamiento.
El reglamento penitenciario (en el apartado 3) recoge que Instituciones Penitenciarías (que depende de Interior) puede solicitar el traslado de un preso que todavía no ha sido juzgado y que tiene la obligación de notificarlo al juez bajo el cual está a disposición. En el caso de los presos catalanes, pues, se tendría que notificar al juez del Supremo Pablo Llarena. Las mismas fuentes apuntan, sin embargo, que el juez tiene que autorizar este traslado y que, si tiene más diligencias a practicar, se puede oponer.
Esta mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconocía que se podía evaluar el traslado pero matizaba que tenía que constar la autorización del juez" y que Llarena tenía que manifestar que no tenía inconveniente. Poco después, en un auto, el magistrado dejaba claro que no tenía competencias para decidir sobre traslados y que eso dependía de Instituciones Penitenciarias.
Llarena y Marlaska se pasan la pelota
El juez de la causa abierta por el procés Pablo Llarena, tiene prácticamente terminada la instrucción. Así lo ha comunicado a las partes en una providencia que ha dictado este jueves, donde les da tres días por si quieren hacer cualquier pronunciamiento antes de que cierre la instrucción. Entonces, dictará auto de conclusiones del sumario y enviará el caso a la sala para que abra juicio oral. Una vez la instrucción está prácticamente acabada, toma más bastante todavía el debate sobre el posible traslado de los presos en Catalunya. Hasta ahora, tanto el gobierno de Mariano Rajoy como el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez han apuntado hacia el juez a la hora de pronunciarse sobre los traslados.
Esta mañana, sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abierto la puerta a plantearse desde el gobierno español un posible acercamiento ahora que pueden pasar algunos meses hasta que se celebre el juicio. Ha argumentado que eso mejoraría su "comunicación personal" ya que estarían más cerca de la familia. Sin embargo, ha afirmado que hacía falta una "autorización" del juez Llarena ya que, tratándose de presos preventivos, Instituciones Penitenciarias necesitaba conocer su posicionamiento.
Poco después, Llarena aprovechaba un auto donde denegaba la libertad a Junqueras, Romeva y Forcadell para pronunciarse sobre este tema. El magistrado del Supremo ha afirmado este mismo jueves que no tiene competencia para decidir sobre traslados y que la decisión recae en Instituciones Penitenciarias. Para hacerlo, además, cita jurisprudencia del Supremo, el Tribunal Constitucional, aporta un escrito de la Fiscalía y también recoge artículos del reglamento penitenciario.
¿Quién tiene la iniciativa de pedirlo?
El matiz sobre si hace falta autorización o no y sobre quien tiene que iniciar el proceso lo han hecho esta tarde desde el ministerio del Interior. Según han manifestado, el primer paso lo tiene que hacer el gobierno español, que es quien tiene que solicitar el traslado. Ahora bien, y siguiendo el reglamento, Instituciones Penitenciarias tiene que notificar la petición al juez correspondiente (en este caso, Pablo Llarena) para saber si tiene algún inconveniente o si tiene previstas nuevas diligencias que requieran la presencia de los presos.
Si el juez considera que la instrucción ha acabado y ya no requerirá ninguno de los recluidos para hacer más citaciones ni declaraciones, puede informar favorablemente y el traslado se haría efectivo allí donde haya decidido Instituciones Penitenciarias. De todos modos, las mismas fuentes han dejado claro que, hoy por hoy, no hay sobre la mesa ninguna previsión de pedir el acercamiento a Catalunya.