El jurista y abogado Josep Costa ha salido en defensa del también abogado Gonzalo Boye, después de la petición de la Fiscalía Antidroga de una pena de 9 años de prisión por un caso que llevó, en concreto el del narcotraficante Sito Miñanco. Boye fue acusado después de que un narco testigo lo acusó, y posteriormente este fue puesto en libertad. Según Josep Costa, todo es una persecución al abogado, lo que no se debe permitir en un Estado de derecho. "No existe Estado de derecho sin abogados. Y el trabajo de los abogados es habitualmente trabajar para presuntos delincuentes. Igual que los médicos tratan enfermos. Cuando un régimen empieza a perseguir a los abogados por quienes son o por lo que han hecho sus clientes, ya no es un Estado de derecho", ha indicado.

Gonzalo Boye ha asegurado esta semana que la causa por la que la Fiscalía Especial Antidroga le pide más de nueve años de prisión y una multa de 2,7 millones de euros está dirigida contra él casualmente después de ganar al Estado español en la defensa del president en el exilio, Carles Puigdemont, en Alemania. "Así de simple", ha dicho en una entrevista en el programa Més324. El abogado ha avisado de que a pesar de todo no se dejará atemorizar.

Boye ha vinculado esta situación con la justicia española, al trabajo que hace como abogado defensor de Puigdemont. El abogado interpreta el anuncio de la Fiscalía Antidroga como una reacción del Estado español después de las vistas al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en Luxemburgo, de la semana pasada. "El viernes en Waterloo valoramos que podría suceder eso porque después de recoger los dientes tenían que hacer alguna cosa, y es lo que han hecho", ha subrayado el letrado.

El abogado chileno ha asegurado que esta causa se añade a una serie de problemas que ha tenido desde 2017, cuándo se implicó en la defensa de los líderes del independentismo. "Entradas y registros en casa, asaltos, insultos, amenazas, inspecciones de todo tipo, hackeo de teléfono y de ordenadores, creo que es así", ha relatado Boye. El abogado acabó incriminado en este caso por uno de los procesados, Manuel Puentes Saavedra, por unos hechos "falsos". El abogado afirma que el juez, a pesar de tener información sobre un presunto asesinato, lo dejó en libertad. "Pagó el precio de su libertad con el hecho de incriminarme", ha señalado Boye durante la entrevista.

El abogado ha considerado "una bestialidad" que para él se pidan ahora más de nueve años de cárcel. "Me piden casi más que para un homicidio, que es de 5 a 10 años". Ahora bien, el letrado de Puigdemont ha enviado un mensaje de advertencia a los perseguidores: "Si creen que me atemorizarán, están muy equivocados".