El 30 de septiembre se cumplirán dos décadas de la aprobación del Estatut de Catalunya en Parlament, un texto que recibió el apoyo del 90% de la cámara. Veinte años después, algunos de sus protagonistas han rememorado aquel proceso. El expresident de la Generalitat, Artur Mas, también coincidiendo con el décimo aniversario de la contundente victoria de Junts pel Sí, ha revelado que el PSOE vetó a Pasqual Maragall como interlocutor válido y que por eso él mismo acabó asumiendo el papel negociador con José Luis Rodríguez Zapatero. “No me arrepiento”, afirma.

El papel de Mas y el veto a Maragall

En declaraciones en la ACN, Mas asegura que desde el inicio los socialistas españoles dejaron claro que no querían entenderse con Maragall, el entonces president de la Generalitat. “El presidente Maragall sabía perfectamente que eso era así. Yo creo que no le gustaba, pero lo aceptó porque pretendía que el Estatuto, que era una obra también suya en buena parte, saliera adelante”, explica.

El líder de CiU admite que su intervención fue “anómala” porque no era el presidente, a pesar de haber ganado las elecciones. A pesar de eso, optó por dar el paso: “Hubo gente que se enfadó, hubo gente que querían más, y yo también, pero hacíamos una parte del camino. Nos quedábamos a la mitad de camino, pero hacíamos la mitad del camino”. Mas defiende que actuó en función de la promesa previa de Zapatero de dar apoyo al Estatut que saliera del Parlament: “Si el presidente del gobierno nos decía que todo aquello con que nos pusiéramos de acuerdo en Catalunya sería respetado en Madrid, teníamos que explicar qué queríamos desde Catalunya y no a la baja, sino con un horizonte el más ancho y ambicioso posible”.

Las visiones de los otros negociadores

No todos los actores políticos coinciden con la mirada de Mas. Joan Ridao, que representó ERC, considera que aquel Estatut era un “cierto espejismo”, fruto de disputas partidistas y de un “exceso de cálculo egoísta”. Recuerda que, poco después del acuerdo en el Parlamento, Mas y Zapatero pactaron recortes e incluso votaron en contra de artículos previamente aprobados.

Por parte del PSC, Lídia Santos defiende que el texto vigente “sigue siendo un instrumento bueno” y apuesta por desplegarlo en materia de financiación y servicios sociales: “Pongámoslo en activo porque tiene un potencial enorme y yo creo que, en estos momentos, estamos en disposición y con ganas de desarrollarlo con todas sus potencialidades”. En cambio, Jaume Bosch (ICV) reclama recuperar vía leyes orgánicas algunos puntos que se perdieron en Madrid, como la definición de Catalunya como nación, el blindaje del catalán o determinadas competencias en justicia.

El recorrido y el veredicto del TC: “Sin aquella sentencia no se habría desencadenado el procés”

El texto aprobado por el Parlament en el 2005 fue rebajado en el Congreso y, finalmente, validado en referéndum en junio de 2006 con un 73,9% de votos favorables y una participación del 49%. El acuerdo provocó la salida de ERC del gobierno tripartito y, más adelante, la impugnación del PP ante el Tribunal Constitucional.

La sentencia del 2010 anuló o reinterpretó numerosos artículos clave, entre ellos los que afectaban al catalán, el poder judicial en Catalunya y la financiación. Aquel veredicto, según Mas, marcó “un antes y un después” y abrió la “tormenta” política que se ha vivido en los últimos quince años. Ridao lo describe como “el punto de ignición” del procés, mientras que Bosch habla de la “ruptura del pacto constitucional de 1978”. Santos también admite que el impacto fue devastador: “Supuso un golpe muy fuerte para la sociedad, que estaba muy tensa. Probablemente, sin aquella sentencia no se habría desencadenado el procés”.

Los protagonistas coinciden que el recorte del Estatut y la respuesta masiva a las calles de Barcelona el 10 de julio del 2010, con la manifestación bajo el lema Som una nació. Nosaltres decidim, marcaron un punto de inflexión.