La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha expresado hoy su "preocupación" desde el punto de vista personal por la huelga de hambre iniciada por Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn para denunciar el bloqueo de sus recursos de amparo al Tribunal Constitucional, pero ha subrayado que no hará variar el criterio del ministerio público.
Segarra ha recalcado que la fiscalía, que acusó de rebelión a los dirigentes independentistas procesados en el Tribunal Supremo, seguirá actuando bajo los principios de legalidad y conforme a derecho.
María José Segarra ha incidido que el Tribunal Constitucional ya ha señalado que "los tiempos son los normales" y ha recordado que la huelga de hambre de las personas en la prisión es una situación que ya está prevista y contemplada en la doctrina del tribunal de garantías desde el año 1990, después de la protesta de presos de los Grapo.
La fiscal general ha querido dejar claro que "en España no hay presos políticos". Por respeto, ha dicho, a la independencia judicial ha rechazado responder a la pregunta de si la prisión preventiva de los procesados por el caso 1-O dura ya demasiado tiempo y ha evitado también hablar de un hipotético futuro indulto. "No haremos justicia ficción", ha afirmado recordando que primero tiene que haber una sentencia firme.