La negociación del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los dos magistrados que les corresponden en el Tribunal Constitucional se complica, otra vez. En medio de la crisis dentro del Partido Popular por un supuesto pacto entre Pablo Casdo cuando todavía era su el presidente, y Pedro Sánchez para conseguir de una vez por todas pasar página y terminar la renovación del CGPJ, el sector conservador de este órgano ha chocado con otro problema. El magistrado Manuel Marchena, hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y conocido por todas partes por haber redactado la sentencia contra los presos políticos, ha descartado ser uno de los candidatos. Si ya era complicado encontrar perfiles que generaran consenso y además estuvieran dispuestos a ocupar esta posición, ahora todavía se envuelve más la situación, ya que Marchena era el preferido del sector conservador y el progresista tampoco lo veía con malos ojos, algo muy complicado que se repita según informa el diario El País.

Contra la reforma legal de Pedro Sánchez

La reforma legal que aprobó el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional vence el próximo 13 de septiembre, y hay parte del CGPJ que quiere tirarla endevant y desbloquear la situación. Ahora bien, el sector conservador también cuenta con voces muy críticas con la reforma que no quieren saber nada e intentarán retrasarla tanto como sea posible, siempre que no encuentren al candidato que consideren adecuado. Este era Manuel Marchena, pero los ha plantado.

Su preocupación se debe al hecho de que creen que en el TC se necesitarán figuras fuertes contra la mayoría progresista que esperan que se forme en el tribunal de garantías ante el nuevo nombramiento de dos magistrados por parte del Gobierno. Y Marchena encajaba perfectamente, pero ya los ha dejado bien claro que no quiere que utilicen su nombre como candidato, hecho que aleja una renovación con grandes mayorías o unanimidad desde el CGPJ.

El plazo, 13 de septiembre

Ahora mismo, hay 4 de las 12 plazas del TC que están pendientes de renovación desde junio: dos de estas se corresponden en el Gobierno y dos otras en el Consejo General del Poder Judicial. Si esta renovación se acaba haciendo, el Constitucional pasará de una mayoría conservadora a progresista, algo que el PSOE quiere que pase tan pronto como se pueda, acelerándolo todo con una proposición de ley que hacía que el Poder Judicial volviera a tener la capacidad de hacer nombramientos todavía estando en funciones, ya que su mandato también ha caducado. Yendo más allá, decidió poner un plazo para los nombramientos: el 13 de septiembre. Eso cayó común cubo de agua fría al sector conservador, pero existe la voluntad de cerrar un acuerdo.