El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un pleno extraordinario después del verano, el 8 de septiembre, en el cual se debatirá el nombramiento de dos magistrados del Constitucional, que tendrán que contar con el apoyo de al menos 12 de los 21 miembros. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha anunciado este jueves la fecha del pleno extraordinario a los vocales y los ha exhortado a consensuar de aquí a 8 de septiembre el nombre de dos candidatos, ya que el plazo que fija la reforma del CGPJ aprobada definitivamente este miércoles en el Senado establece que los tiene que designar antes del 13 de septiembre. El CGPJ, a través de un comunicado, ha remarcado que la convocatoria del pleno tiene el objetivo de aprobar definitivamente la norma impulsada por el Gobierno, a la cual se ha opuesto el PP, que habilita el órgano a hacer estos nombramientos a pesar de tener el mandato caducado.
La reforma impulsada por el PSOE y tramitada por vía de urgencia, la reforma abre la puerta al hecho de que un CGPJ en funciones, como el actual, designe nuevos magistrados del Constitucional, aunque tenga prohibidos los nombramientos discrecionales. La iniciativa llevará una mayoría progresista al tribunal de garantías, ya que están pendientes de renovación cuatro magistrados: dos que serán nombrados por el CGPJ y los otros dos por el Gobierno.
Plazo de tres meses
La reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial fijó un plazo de tres meses para que el CGPJ pudiera escoger a los sustitutos una vez se haya caducado el mandato de los magistrados, periodo que acaba el próximo 13 de septiembre. La norma ha abierto grietas en el GGPJ, ya que el bloque conservador, mayoritario, pidió al Congreso que se le solicitara un informe sobre la proposición de ley socialista antes de que fuera aprobada. Por su parte, cinco vocales del sector progresista se desmarcaron de esta petición al considerar que el problema de fondo es la "reprochable actitud de bloqueo que impide la renovación del CGPJ" y, por lo tanto, hacer nombramientos, una crítica directa en el PP. Así pues, fue el PSOE, junto con Podemos, quien hace un año reformó la Ley orgánica del Poder Judicial para impedir al CGPJ hacer nombramientos en funciones, una estrategia con la cual buscaba forzar al PP a negociar la renovación y que no ha funcionado. El órgano de gobierno de los jueces, con el pleno reunido este jueves para estudiar la candidatura de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, lleva ya más de tres años y medio en funciones.