La organización de extrema derecha Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el resto de magistrados que la semana pasada avalaron la ley de amnistía; los seis que se impusieron por mayoría a los cinco contrarios a la norma pactada entre el PSOE y el independentismo. Es decir, pone en el punto de mira a la vicepresidenta del tribunal de garantías y ponente de la sentencia, Inmaculada Montalbán, así como a sus compañeros Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, Laura Díez y María Luisa Segoviano.
Según el escrito presentado por la asociación ultraespañolista, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, los magistrados han dictado una sentencia "a sabiendas de que es injusta" al interpretar "de forma groseramente errónea" que la Constitución permite todo aquello que no prohíbe. El texto está firmado por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y apunta que la interpretación que hizo el Constitucional abre la puerta a "situaciones esperpénticas". Señala, también, que esta norma atenta contra la independencia judicial, la igualdad ante la ley, la ejecución de sentencias y el Estado de Derecho. Se trata de la enésima querella que se presenta contra Conde-Pumpido; todas ellas han sido hasta ahora archivadas.
El aval del Constitucional a la amnistía
La semana pasada, después de cuatro días de deliberación y de meses de estudio, el Tribunal Constitucional concluyó que la ley de amnistía es constitucional y es compatible con la separación de poderes y con la igualdad ante la ley. Se cumplieron los pronósticos y la mayoría progresista se impuso para dar luz verde a la ponencia elaborada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y confirmar que la norma del olvido penal tiene cabida dentro de la carta magna.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, el Constitucional rechazó lo esencial del recurso de inconstitucionalidad del PP. Además, se añadió que la amnistía no vulnera el derecho europeo sobre terrorismo y euroórdenes. Eso sí, hay tres cuestiones menores en las que dio la razón a los populares: amplía el perímetro de la norma para incluir también a los detractores de la independencia, delimita los hechos amnistiables a los cometidos hasta noviembre de 2023 (sin permitir que se incluyan los que se acaben de ejecutar posteriormente) y establece que las acusaciones populares también tienen que ser escuchadas por el Tribunal de Cuentas.
Los cuatro magistrados conservadores, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, presentaron votos particulares. La decisión del Constitucional llegó más de un año después de que el Congreso diera luz verde definitiva a la ley y que entrara en vigor una vez se publicó en el Boletín Oficial del Estado.