El Parlament ha dado este miércoles un primer paso para limitar la compra especulativa de viviendas en zonas de mercado tensionado. La cámara ha aprobado tramitar por lectura única la proposición de ley impulsada por los Comuns, con el apoyo del PSC, ERC y la CUP, mientras que Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. La iniciativa plantea modificar la Ley de urbanismo para permitir a los ayuntamientos restringir, a través del planeamiento urbanístico, las operaciones de compra con finalidades especulativas en aquellos territorios con presión sobre los precios de la vivienda. La aprobación de esta norma antes del verano formaba parte de los compromisos de los Comuns en el acuerdo presupuestario con el Govern, aunque el calendario podría alargarse. Con la luz verde a la tramitación, se abre ahora el periodo para presentar enmiendas.
El texto fija que las viviendas solo se podrán adquirir para destinarlas a residencia habitual, para familiares o para ponerlas en alquiler como vivienda habitual dentro de los límites de precio establecidos. También contempla una excepción: se podrá comprar una segunda residencia siempre que sea la única y esté situada en un municipio diferente al de residencia principal. Además, la propuesta refuerza el régimen sancionador y tipifica como infracciones muy graves tanto el incumplimiento de las restricciones como la utilización de fórmulas jurídicas simuladas para esquivarlas.
Junts y PP entorpecen el calendario
A pesar de la voluntad inicial de acelerar su aprobación, fuentes parlamentarias apuntan que el proceso podría alargarse más allá del verano. Junts y el PPC ya han anunciado que llevarán la norma al Consell de Garanties Estatutàries, un paso que previsiblemente retrasará el trámite, ya que el dictamen no llegaría antes del último pleno del periodo de sesiones. Este escenario se enmarca en la reforma del reglamento del Parlament avalada por el Tribunal Constitucional en 2017, que permite la tramitación por vía urgente siempre que no se limite el derecho de los grupos a presentar enmiendas. Precisamente, el Consell deberá pronunciarse una vez finalice este periodo. Durante el debate, la diputada de los Comuns Susana Segovia ha admitido que la ley podría sufrir retrasos, pero ha garantizado que acabará prosperando: "Quizás se retrase, pero será una realidad más pronto que tarde".
Los grupos contrarios a la iniciativa han cargado contra el contenido y la forma de la tramitación. Desde Junts, Judith Toronjo ha denunciado una vulneración del derecho a la propiedad y ha criticado que se quiera aprobar la norma por lectura única sin un debate profundizado. En la misma línea, la diputada del PPC Àngels Esteller ha calificado la propuesta de "ataque frontal" a la propiedad privada y ha reprochado a los Comuns que no definan con precisión qué es la compra especulativa, que ha considerado un concepto "ideológico" sin base jurídica. Por su parte, Vox y Aliança Catalana han atribuido la especulación a las políticas de vivienda de los mismos Comuns. Mónica Lora ha afirmado que es una consecuencia y no la causa del problema, mientras que Sílvia Orriols ha acusado al partido de ser uno de los principales responsables.
ERC pide diferenciar fiscalmente
Entre los grupos favorables, ERC ha defendido la necesidad de diferenciar fiscalmente entre quien compra para vivir y quien lo hace con fines lucrativos. La diputada Mar Besses ha advertido que la vía de lectura única no puede servir de excusa para limitar el debate y ha abierto la puerta a introducir mejoras en el texto. Desde la CUP, Laure Vega ha considerado que la ley es insuficiente para resolver el problema de fondo, mientras que la socialista Eva Candela ha reconocido que la medida deberá ir acompañada de otras políticas, a pesar de defender que la regulación de la compra especulativa es urgente y no se puede aplazar.