Junts per Catalunya presentarán un recurso al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) contra la proposición de ley impulsada por los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado. Lo han anunciado el portavoz juntaire en el Parlament, Salvador Vergés, y la portavoz popular, Lorena Roldán, a las puertas de la votación para tramitarlo en lectura única prevista para este miércoles, en la que se prevé que la iniciativa salga adelante con el apoyo del Govern. Según Vergés, la norma "afecta el derecho a la propiedad" y también invade competencias de los ayuntamientos, además de haberse tramitado por lectura única, un mecanismo que, denuncia, "impide el debate parlamentario y que los colegios profesionales puedan comparecer". Junts considera que el texto también incumple la normativa europea en materia de libertad de empresa y directivas de servicios, y alerta de que puede tener efectos sobre operaciones como herencias y donaciones.
El dirigente juntaire ha cargado contra el papel de los Comuns dentro del Govern de Salvador Illa y ha asegurado que este episodio demuestra que "en vivienda siguen mandando los Comuns". En este sentido, ha criticado lo que considera una política basada en "inseguridad jurídica, restricciones e intervencionismo", y ha acusado al ejecutivo de "improvisar y poner parches" ante la crisis habitacional. La tramitación en lectura única se votará este miércoles en el pleno del Parlament y, con toda probabilidad, saldrá adelante. Si se aprueba, los grupos tienen la posibilidad de presentar enmiendas, y, una vez superado, partidos como Junts lo llevarán al Consell de Garanties Estatutàries, lo que paralizaría su aprobación para que lo tuviera que resolver en un período de treinta días. Esto implica que, como muy pronto, la ley se aprobaría definitivamente en octubre.
Vergés también ha advertido de que la ley traslada a los ayuntamientos la decisión de aplicar o no las limitaciones, lo que puede generar desigualdades territoriales: "Nos podemos encontrar con que Barcelona lo aplica y Badalona no, y nadie asumirá las consecuencias", ha afirmado. Además, ha defendido que el problema de fondo es la falta de oferta y ha cifrado en 125.000 las viviendas nuevas que necesita Catalunya, una necesidad que, a su parecer, la nueva regulación no ayudará a cubrir. "Hace falta más seguridad jurídica y menos burocracia", ha remachado.
Un acuerdo clave con los Comuns para los presupuestos
La proposición de ley se enmarca en el acuerdo alcanzado el pasado 19 de febrero entre el Govern y los Comuns para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2026. La prohibición de la compra especulativa de vivienda era una de las condiciones imprescindibles del partido de Jéssica Albiach, aunque la aprobación definitiva de las cuentas todavía depende del apoyo de Esquerra Republicana.
Según el pacto, los cambios legislativos se tenían que aprobar durante el primer trimestre del año y entrar en vigor este agosto. La iniciativa pretende frenar la acumulación de viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión, especialmente en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, que afectan a 271 municipios y cerca del 90% de la población catalana. La norma establece que los ayuntamientos podrán decidir si aplican estas limitaciones mediante planes urbanísticos, con el objetivo de que las viviendas se destinen principalmente a residencia habitual o a alquiler asequible. Esto incluye restricciones para los grandes tenedores, que no podrán adquirir inmuebles con finalidades especulativas, y limita también el uso de segundas residencias en determinados casos.
Con todo, la propuesta ha generado críticas de diversos sectores, que cuestionan su eficacia para combatir la crisis de la vivienda y alertan de posibles efectos adversos sobre el mercado. Ahora, será el Consell de Garanties Estatutàries quien tendrá que evaluar si la ley se ajusta al marco jurídico vigente antes de su eventual aplicación.