Cuatro de cada diez europeos se han encontrado en las redes sociales con contenidos sobre los cuales no podían determinar fácilmente si eran un anuncio político o no, según una encuesta reciente del Eurobarómetro. Y esta cuestión la quiere revertir la Comisión Europea, que trabaja persiguiendo la directriz de que los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a recibir información objetiva, abierta y plural. Así, el pasado jueves, la Comisión presentó una propuesta sobre transparencia y segmentación de la publicidad política en redes sociales en el contexto de las medidas orientadas a proteger la integridad de las elecciones y el debate democrático abierto. ¿Sin embargo, que quiere decir eso exactamente?

Las medidas propuestas obligarían cualquier anuncio político a indicar claramente que lo es, mientras que las técnicas de segmentación política se tendrían que explicar públicamente con un nivel de detalle "sin precedentes". ¿Y por qué ahora? La Comisión Europea considera que, en plena transición digital, hace falta que la gente pueda distinguir fácilmente si está viendo contenidos políticos patrocinados, tanto digitales como analógicos, y participar en debates abiertos en que no haya desinformación, injerencias ni manipulación: "La gente tiene que poder ver claramente quién ha patrocinado un anuncio político y por qué".

Por este motivo, la publicidad política patrocinada tiene que estar claramente etiquetada y proporcionar un conjunto de datos básicos, como el nombre del patrocinador y una declaración de transparencia fácilmente consultable que indique el coste del anuncio político, el origen de los fondos utilizados y la relación entre el anuncio y las elecciones o referéndums correspondientes.

Cruzar datos sensibles: prohibido

Con respecto a la segmentación de la publicidad, se prohibirán las técnicas de segmentación política y amplificación que utilizan o interfieren datos personales sensibles como el origen étnico, las creencias religiosas o la orientación sexual, unas técnicas que sólo estarán permitidas en caso de disponer del consentimiento explícito de la persona afectada.

Por primera vez será obligatorio incluir en los anuncios información clara sobre los motivos por los cuales se ha escogido la persona y publicar qué grupos de población se han escogido, en función de qué criterios y con qué herramientas o métodos de amplificación, entre otros.

Sanciones: los estados miembros

Según la propuesta de la Comisión, si un anuncio político no puede cumplir todos los requisitos de transparencia, no se puede publicar. Y tienen que ser los estados miembros quienes introduzcan sanciones "eficaces, proporcionales y disuasivas" en caso de incumplimiento de las normas en materia de transparencia de la publicidad política.

Por otra parte, en la misma propuesta, la Comisión propone revisar la normativa de la UE en materia de financiación de los partidos políticos europeos y de las fundaciones europeas, porque considera que el marco jurídico vigente presenta "una serie de vacíos legales" que no permiten que los partidos y las fundaciones cumplan su misión de representar la voz de los ciudadanos.

Así, la revisión del reglamento pretende facilitar la interacción de los partidos políticos europeos con los partidos nacionales que los conforman, reducir la carga administrativa excesiva y reforzar la viabilidad económica de los partidos políticos europeos y de las fundaciones políticas europeas.

Por último, la propuesta también tiene en cuenta a los ciudadanos "móviles" de la Unión Europea, aquellos que residen en un estado miembro diferente de su estado de nacionalidad. Según apuntan, de los 13,5 millones de ciudadanos que se encuentran en esta situación, muchos pocos ejercen el derecho de votar, y la situación se quiere revertir en las europeas previstas para 2024.

El problema radica principalmente en la complejidad de los procedimientos de inscripción o la falta de información clara. Por eso, la Comisión propone una revisión del marco jurídico pertinente y que exista la obligación de informar a estos ciudadanos de manera proactiva sobre sus derechos electorales.

¿Pero cuándo?

Una vez presentada la propuesta, ahora el Parlamento Europeo y el Consejo lo tiene que debatir. Para garantizar que las elecciones en el Parlamento Europeo del 2024 se desarrollan según los estándares democráticos más exigentes, la intención es que las nuevas normas entren en vigor y que los estados miembros las hayan aplicado plenamente como tarde la primavera del 2023, es decir, un año antes de las elecciones.

En la imagen destacada, comparecencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen / Europa Press