Poco después de hacerse público el procesamiento de 30 personas en la macrocausa abierta contra la organización del referéndum del 1-O, la mayoría trabajadores públicos, se ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para recoger los fondos necesarios para hacer frente a la fianza de 5,8 millones de euros impuesta por la titular del juzgado de instrucción número 13 a los acusados de malversación. Si los diecisiete procesados por malversación no abonan la fianza al día siguiente de ser notificados, se iniciará el proceso para embargarles los bienes hasta llegar a la cantidad acordada.

Las asambleas de trabajadores en defensa de las instituciones catalanas (ADICS) de los diferentes departamentos de la Generalitat, creadas a raíz de la aplicación del 155 y que siguen activas en defensa de los presos políticos y los perseguidos por el procés, han hecho un llamamiento a través de las redes sociales para colaborar en el pago de la fianza a través de la caja de solidaridad, creada por la ANC y Òmnium Cultural, con el fin de hacer frente a los gastos jurídicos y también las responsabilidades económicas que se reclaman a personas como consecuencia de actuaciones enmarcadas en el proceso hacia la independencia.

Las asambleas de trabajadores han convocado una concentración mañana miércoles a las 12 del mediodía en la plaza Sant Jaume para mostrar su rechazo a los 30 procesamientos dictados por magistrada del juzgado 13 y contra la represión judicial del estado español.