La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha rechazado el procesamiento de todos los encausados para el 1-O, altos cargos del Govern y la cúpula de la Corporación Catalana de medios Audiovisuales (CCMA), por organización criminal, tal como pidió la fiscalía i la acusación particular represnetada por Vox. La juez mantiene la fianza de 5,8 millones de euros que impuso a 17 acusados de malversación.
La magistrada Alejandra Gil sostiene que en el acto de procesamiento no se indicó que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de un delito de organización criminal porque "no resulta de las actuaciones que se contara con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal ni que hubiera un acuerdo asociativo duradero". Así recuerda que ninguna de las personas que han sido investigadas en esta causa fueron advertidas que se las investigaba por su posible participación de un delito de organización criminal.
En su escrito, la magistrada sostiene que ni la fiscalía ni la acusación particular han modificado los hechos y recuerda que precisamente el auto de procesamiento lo que hace es delimitar el marco fáctico "para evitar que puedan producirse acusaciones sorpresivas respecto a los hechos justiciables típicos contra los cuales no se pudo defender el inculpado en fase instructora".
La juez también rechaza la petición de la fiscalía de procesar la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Àngels Barbarà, que no está investigada en esta causa. La magistrada levanta el procesamiento de dos cargos de la Generalitat y de un empresario. Se trata de Meritxell Masó, entonces secretaria general del Departamento de Gobernación y ahora de Presidencia; Montserrat Vidal, del área de Procesos Electorales y Consultas Populares, y José María Gispert, gerente de Indugraff Offset S.A.