La fiscalía quiere añadir el delito de organización criminal en el procesamiento de buena parte de los investigados al juzgado 13 de Barcelona por la organización del referéndum, según ha adelantado TV3. En total son 28 de los 30 procesados.

El ministerio público ha enviado un escrito a la titular de este juzgado para que procese por este delito a Antoni Molons, secretario general de difusión de la Generalitat; los responsables del Diplocat; la presidenta de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Radio, Saül Gordillo, y el director comercial de la CCMA, Martí Patxot, entre otros.

Jerarquía y funciones determinadas

Según el escrito, el código penal y la jurisprudencia del Supremo describen la organización criminal como un grupo de personas con una jerarquía y unas funciones determinadas.

La fiscalía define, a través del auto de procesamiento, una estructura piramidal en el relato de los hechos que tienen que ver con la preparación del 1-O y, en última instancia, la declaración de independencia.

 

El escrito asegura que "la actitud de los procesados ha sido conjunta y coordinada" y que se ha seguido con "la hoja de ruta" que tenían marcada, "cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades".

Por lo tanto, se quiere añadir el delito de organización criminal al de malversación, prevaricación, revelación de secretos y desobediencia por los que se procesa una treintena de personas investigadas en este juzgado.

El delito de organización criminal hasta ahora sólo lo había puesto encima de la mesa Vox, acusación popular del juicio al procés.

Niegan la desobediencia

Los directores de la CCMA, sin embargo, ya defendieron el viernes pasado que no cometieron ningún delito de desobediencia al Constitucional por la emisión del anuncio de las vías sobre el 1-O, a pesar de la insistencia del juzgado número 13 de procesarlos por este hecho.

Llorach, Patxot y Sanchis no quisieron declarar y ratificaron lo que ya dijeron durante la fase de instrucción del caso.