La libertad de prensa en España se sitúa por debajo de la media europea. Según un informe publicado este martes por el Consejo de Europa, el estado español es uno de los países más expuestos a la "falta de pluralismo", con un grado de riesgo de 55 puntos sobre 100. La media europea es de 51 puntos, siendo Alemania el que presenta la mejor situación, con 21 puntos. En el otro extremo aparecen países como Turquía y Albania, con 82 y 70 puntos, respectivamente. España obtiene una puntuación similar a Chipre o Malta, estados que han sido acusados de utilizar programas de vigilancia. En el documento, de hecho, el Consejo de Europa destaca el espionaje que sufrieron periodistas y activistas catalanes a raíz del caso Pegasus.

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El informe da un repaso de las acusaciones que ha recibido España para hacer uso de este software, un comportamiento que, según la institución, contradice "el compromiso de los gobiernos europeos de suprimir el uso de espionaje ilegal". El estudio recuerda que en abril de 2022 se reveló que cuatro periodistas catalanes fueron espiados. Se trata de Meritxell Bonet —esposa de Jordi Cuixart—, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri; la esposa de Carles Puigdemont, Marcela Topor, y el exdiputado del Parlament de Catalunya, Albano Dante Fachín. También se menciona el caso del periodista Ignacio Cembrero, identificado como potencial víctima por parte del gobierno de Marruecos. El Consejo de Europa, además, indica que los expertos apuntan que el número de víctimas es "mucho más alto" y que, a pesar del escándalo, "las herramientas para limitar el uso de programas de espionaje todavía es limitado".

 

"Alarma" por el uso de Pegasus

A finales del pasado mes de enero, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, aseguraba estar "alarmada" por el uso ilegal del software de espionaje Pegasus. En un comunicado, Mijatovic mostraba su preocupación por las "evidencias" que muestran que el software israelí se ha utilizado para "espionaje nacional e internacional más que para cuestiones legítimas de seguridad pública". "Estoy alarmada sobre el impacto de herramientas potentes que dan un acceso completo y no restringido a la vida privada de una persona", afirmaba la comisaria de Derechos Humanos, remarcando que supone una vulneración del derecho a la privacidad y a la protección de datos.

"El uso de software espía tiene un efecto paralizador sobre otros derechos humanos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión y la participación pública. Crea un clima de autocensura y miedo en el cual todas las personas pueden ser tratadas como sospechosas y los defensores de los derechos humanos y los miembros de la vida política están especialmente amenazados", alertaba la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que pedía a los estados cumplir las "obligaciones" del Convenio Europeo de Derechos Humanos.