La exmilitante del PSOE Leire Díez ha pedido al juez que la investiga por los delitos de tráfico de influencias y cohecho que declare nulos audios de la causa, como el aportado por el fiscal Ignacio Stampa. Sin embargo, el instructor ha decidido reproducirlos antes de que tanto ella como el empresario Javier Pérez Dolset declaren este lunes como imputados. En concreto, Díez, considerada la 'fontanera del PSOE' ha solicitado al juez Arturo Zamarriego que decrete "la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de lo que de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones". El titular del juzgado de instrucción 9 de Madrid ha comenzado los interrogatorios de Díez hacia las doce del mediodía.
En el escrito, Díez se refiere a la reunión que mantuvo con el fiscal Stampa, en mayo de 2025, en la que se oye a Díez presentarse como "la persona del PSOE". Y también a la efectuada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, en la que se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometida sobre cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía, que llevan causas contra la familia de Pedro Sánchez o dirigentes del PSOE. Díez considera que estas grabaciones constituyen "una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen de los afectados, a la protección de datos y al secreto profesional y confidencialidad de las comunicaciones, "puesto que se realizan subrepticiamente en un ámbito privado".
La grabación reproducida
El instructor tenía previsto reproducir el audio aportado por Stampa antes de escuchar a Díez y Pérez Dolset, por lo que ha acordado que ambos entren en la sala de audiencias para que escuchen la grabación junto a todas las partes —defensas y acusaciones— como paso previo a los interrogatorios. Zamarriego considera que Díez era la cabecilla de un grupo que buscaba información sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Para el juez, la exmilitante socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol —el tercer investigado— para "recabar información comprometida o irregular" con la finalidad de "anular o malograr" pesquisas en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", según expuso en una resolución.
En nombre de "altas instancias del Estado"
La causa contra Díez se abrió a raíz de varias denuncias contra ella, después de que se dieran a conocer los audios, en los cuales se le oye ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información confidencial. Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Stampa y José Grinda -que investigó una parte del caso 3% contra Convergència-, que denunciaron un intento de soborno por parte de los investigados, a los cuales aseguraban nuevos destinos si aportaban pruebas contra su superior a Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La Fiscalía reclamó al instructor que uniera las denuncias al entender necesario investigar los hechos "conjuntamente" porque "el patrón de actuación es exactamente el mismo". En este sentido, el fiscal Juan Pablo Nieto indicó en un recurso que es "fundamental" la "singularidad que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de qué ella habla en nombre de altas instancias del Estado".