A medias. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado que la presidenta del Parlamento suspendida, Laura Borràs, tenga 10 días más para elaborar su escrito de defensa en la causa de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) si se confirma que ciertamente le falta una parte de la documentación, según ha informado este jueves el gabinete de prensa del TSJC. Gonzalo Boye, abogado de Borràs, pidió esta ampliación de tiempo, además de presentar su escrito de defensa provisional, en el cual solicita su absolución. Por el contrario, la Fiscalía pide a Borràs 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación por su gestión como directora de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 en el 2017.
En la resolución, el magistrado Carlos Ramos afirma que "en el caso de ser ciertos" que no se le han dado traslado a la defensa de Laura Borràs de todas las actuaciones sumariales y "solo en este caso" se tendrá que computar el plazo para presentar el escrito de defensa que recoge la resolución de apertura del juicio del 26 de julio pasado, en qué daba 10 días hábiles por presentar los escritos de defensa a los tres acusados, plazo que se tiene que contar desde que se le haya entregado todo el material. Boye denunciaba que le faltaba informes para finalizar una prueba pericial informática clave. También exponía que se tenía que resolver la recusación del juez Ramos que presentaron.
La reclamación a Mossos
El magistrado Carlos Ramos, pero, desestima que se requiera als Mossos de Esquadra -que iniciaron la investigación a la Institució, que luego la jueza pasó a la Guardia Civil- para que aporte la documentación informática que solicita la defensa, que asegura que no está en el sumario, y a quien tiene que solicitarse es al tribunal competente para el enjuiciamiento de los hechos, así como cualquier documentación que tampoco esté en el sumario, puesto que precisa que él, como juez instructor, ya no es competente para resolver sobre la unión a la causa de nuevos documentos, y además, todo lo que se solicita es para practicar en el juicio oral.
En cuanto al escrito de defensa presentado por Boye de forma cautelar, es decir por si no se le aceptaban las pruebas pedidas, el magistrado afirma que es al Letrado de la Administración de Justicia de la sala del TSJC quien tiene que resolver si lo remite al tribunal juzgador y da por concluido el trámite; o si le concede un plazo de 10 días para hacer las modificaciones oportunas en su escrito cautelar de defensa, si se comprueba que le faltan documentos y una vez se haya asegurado que se le ha hecho entrega de todo el material informático que hay en el sumario.
Tres consellers de Cultura para el juicio
En su escrito de defensa, Laura Borràs, pide la declaración como testigos de hasta tres consellers de Cultura en el juicio para demostrar su inocencia, según el escrito de defensa presentado el 13 de septiembre pasado en el TSJC. En concreto, los testigos elegidos son el actual diputado Ferran Mascarrell, consejero de Cultura del 2010 al 2016; Santi Vila, que lo sucedió hasta julio del 2017, y Lluís Puig, que cogió el relevo de Vila hasta ser destituido por el 155 y actual diputado de Junts en el exilio. En el escrito de defensa, de 8 páginas, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, afirma que están “disconformes” con la acusación hecha por la Fiscalía y asegura que “no ha existido ni fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles ni decisiones arbitrarias”, y, por lo tanto, solicita la absolución de la presidenta suspensa por el Parlament desde su procesamiento por este caso de supuesta corrupción.