Castigo. La Fiscalía pide que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sea condenada a 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 al 2017, según el escrito de acusación presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La Fiscalía pide prisión e inhabilitación para Laura Borràs
En concreto, se acusa a Borràs por haber adjudicado 18 contratos menores sin concurso (es decir, a dedo), que suman más de 309.000 euros, sobre la programación y mantenimiento del portal web de la Institució a su amigo Isaías Herrero, por quien la Fiscalía también solicita prisión. También es acusado un amigo de Herrero, Andreu Pujol; mientras que el funcionario de la Institució Roger Espar, que declaró que seguía las órdenes de Borràs, al final no es acusado. Inicialmente, el juez instructor procesó a Borràs por otros dos delitos, malversación de fondos y fraude administrativo, que la Fiscalía descarta.
Presentan "proveedores comparsa"
En el escrito de acusación, las fiscales Teresa Duerto y Assumpta Pujol afirman que Laura Borràs y Isaías Herrero acordaron “de mutuo acuerdo” que le concedería los contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) “conscientes de que infringían abiertamente la normativa pública” sobre la concesión de trabajos. Por eso, añade que realizaron “una operación fingida respecto a los principios de publicidad” y Herrero presentaba tres presupuestos a la ILC en nombre de “proveedores comparsas” y así "presentar presupuestos comparsa elaborados falazmente por los acusados con el propósito de simular que la mejor adjudicación se hacía al mejor licitador, y encubrir que el adjudicatario real era Herrero y enmascarar el fraccionamiento ilegal".
Por eso, acusan a la presidenta del Parlament del delito de continuado de prevaricación, por el cual le piden que sea castigada a 15 años de inhabilitación a cargo público en cualquier administración, y por el delito de prevaricación: 6 años de prisión, 6 años más de inhabilitación y pagar una multa de 144.000 euros. Para Isaías Herrero solicitan las mismas penas que Borràs, excepto la multa, que rebajan a 69.600 euros. Finalmente, a Andreu Pujol, por haber facilitado realizar uno de los presupuestos para Herrero, le piden 10 años de inhabilitación a cargo público y 3 años de prisión por los dos delitos.
Finalmente, se expone que Herrero hizo el mantenimiento de la web de la ILC del 2013 al 2017, con un presupuesto total de 335.700 euros. Al haber ejecutado el trabajo, es probable que la Fiscalía no considere que se ha cometido el delito de malversación de fondos, como el juez instructor, y que hubiera implicado un aumento, y bastante, de la petición de las penas de prisión.
Pendientes de la apertura del juicio oral
A partir de ahora, el juez instructor del TSJC, Jordi Seguí, puede dictar la apertura del juicio oral contra Laura Borràs, hecho que la obligaría a dejar su cargo en el Parlament, tal como fija el reglamento de la cámara aprobada por Junts, ERC y la CUP en los casos de delitos de corrupción. Lo más probable es que el magistrado Jordi Seguí retrase esta decisión hasta que no resuelva los recursos presentados por la defensa de Borràs, ejercida por el penalista Gonzalo Boye, y tal como es habitual en los procedimientos penales. Laura Borràs es actualmente la presidenta de Junts.
La investigación contra Laura Borràs por la Institució de les Lletres Catalanes
El 27 de junio pasado, el juez instructor del TSJC cerró la investigación sobre la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), e indicó que había indicios para juzgar a Borràs y a los otros tres implicados por las adjudicaciones de la actualización de la web de la entidad, trabajo que se ejecutó, según admite el magistrado. Laura Borràs fue nombrada directora de la Institució de les Lletres Catalanes el 15 de enero de 2013, cargo que ocupó hasta el 22 enero de 2018. Los principales indicios incriminatorios se recogen en los correos electrónicos intervenidos a Herrero con Borràs, donde ella le explica cómo tiene que presentar las ofertas y en nombre de empresas diferentes para obtenerlos todos.
En la resolución, el magistrado asegura: "Los hechos indiciarios expuestos evidenciarían que Laura Borràs abusó de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos menores, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente de favorecer los intereses de Isaías Herrero en detrimento de la defensa de los intereses generales que tenía que defender".
Los contratos bajo sospecha
En resumen, el magistrado detalla que seis de los contratos fueron adjudicados a Isaías Herrero por un importe global de 112.503 euros; otros seis a Xarxa Integral (101.035 € en total), de la que Herrero era socio; tres a Freelance (54.437 €) y los tres restantes respectivamente a APMG&CE SL (21.175 €), Andreu P.M. (20.025,50 €) y Smartcooper (21.265 €). La contratación ascendió a un total de 330.442 euros, de los cuales la ILC por sí misma o a través del ICO satisfizo 309.176 euros. Herrero era socio o trabajaba para todas estas empresas, algunas de las cuales han asegurado que no presentaron ningún presupuesto a la Institució. La responsable de gestión administrativa de la ILC hasta mediados del año 2016 declaró, según el juez, que en la Institució todo el mundo conocía que Isaías Herrero era asociado de Xarxa Integral y otras cooperativas, y que se le avisaba siempre a él y no a las cooperativas por cuestiones relativas al desarrollo de los trabajos contratados.
La presidenta del Parlament y de Junts ha recibido el apoyo de políticos y de la sociedad civil ante este proceso judicial, mientras ERC y la oposición le piden que dimita para no manchar la institución.