Curioso hilo musical en el calabozo de Figueres. El Cuerpo Nacional de Policía ha hecho sonar el himno español mientras uno represaliado por los cortes de la AP-7 era retenido. Así lo ha denunciado el diputado de Junts per Catalunya en el Parlament Salvador Vergés en su cuenta de Twitter. Vergés lo ha podido saber cuando lo ha acompañado a la salida del juzgado de Figueres. El protagonista de esta historia, Carles Barba, ha sido detenido después de desobedecer la citación judicial por las protestas a raíz de la sentencia del 1-O. Según el testimonio del diputado, Barba "no ha dejado de silbarles Los Segadors" mientras estaba en el calabozo, en respuesta a la provocación de la policía española. "Ellos son eso y nosotros esto otro. ¡Contigo!", ha concluido Vergés en su mensaje en las redes sociales.

Himno de España en el calabozo

Así es como han recibido los agentes del Cuerpo Nacional de Policía el represaliado por los cortes de Tsunami Democràtic en la AP-7 en el marco de las protestas postsentencia. Como Barba, los últimos investigados por los cortes en la AP-7, a la altura del Pertús (Alt Empordà) del 2019, en protesta por la condena del Tribunal Supremo a los líderes políticos, no se presentaron ante el juez y reclamaron que se archivara la causa. En total, el juzgado de instrucción 4 de Figueres había citado a principios de febrero a 15 personas, algunas de las cuales por sexta vez, en la macrocausa que suma unos 200 investigados. Seis de ellos acudieron a los juzgados de forma simbólica para participar en una concentración organizada por las entidades independentistas, pero no entraron en el juzgado. El portavoz de Alerta Solidaria, Martí Majoral, declaró que estos ciudadanos se exponían a ser detenidos, y parece que eso es lo que ha pasado este viernes.

Nuevos juicios

Además, la formación Alerta Solidaria informó de que volvían los juicios contra ciudadanos por haberse manifestado. El primer juicio se hizo en la Audiencia de Lleida por las movilizaciones de la huelga general del 21 de febrero del 2019, en la Seu d'Urgell, en solidaridad con los presos políticos. Inicialmente, había siete personas encausadas por haber cortado l'N-260, y el procedimiento se dirige contra Pol Vidal, militante de Arran. La fiscalía le pide un año y seis meses de prisión por el delito de atentado contra la autoridad y pagar una multa de 10.800 euros por el delito leve de lesiones. En el escrito de acusación, la fiscal sostiene que el joven dio un puñetazo a la cabeza a un agente de los Mossos d'Esquadra, cuando lo quería apartar de la protesta, sin provocarle ningún daño. Y, en otra acción, empujó a otro agente, que se cayó al suelo, y sufrió lesiones leves, y pide que lo indemnice con 35 euros. Su abogada, Raquel Vilar, solicita su absolución.