Actuación abierta. La policía española ha detenido hoy al menos a cinco personas relacionadas con el caso de contratos irregulares del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, destapado en la causa principal del Consell Esportiu de L'Hospitalet (CELH), en la que desde el 2020 hay una decena de investigados, entre ellos, la alcaldesa socialista Núria Marín, actual presidenta de la Diputación de Barcelona. Las personas detenidas esta mañana son técnicos y responsables municipales, y no hay ningún actual concejal del PSC, aunque uno lo había sido en 2018. Por ahora, se desconoce si las detenciones son policiales, hasta que acaben los registros, o han sido ordenadas por el titular del juzgado de instrucción 2 de Cornellà, Diego Acosta, que ha aprobado los registros en el consistorio y en el Consell Esportiu del Baix Llobregat, en Sant Feliu de Llobregat. Los agentes de la UDEF entraban, al mediodía, en la sede central del ayuntamiento.
Con esta actuación se intenta averiguar si hay un contrato de servicios supuestamente "falso" entre el Ayuntamiento de Cornellà y el Consell Esportiu de L'Hospitalet (CELH), a través del cual el ayuntamiento desde el 2018 le pagaba el sueldo de los árbitros a un precio superior del real, y parte de este dinero podría haber sido desviado, según fuentes de la UDEF. El contrato fijado en tres años de servicio, del 2018 al 2020, tenía un gasto de 89.222 euros. El titular del juzgado de instrucción 2 de Cornellà ha abierto la investigación por los delitos de malversación de fondos y falsedad documental, a partir de los documentos que se encontraron en los registros del 2020 del Consell Esportiu de L'Hospitalet, donde hay una decena de investigados por desviar fondos de esta entidad privada que recibe fondos públicos, del consistorio y también de la Generalitat, a fines particulares.
Implicados
En concreto, se indica que los mismos funcionarios del Consell Esportiu de L'Hospitalet investigados habrían favorecido la contratación de la propuesta del Ayuntamiento de Cornellà. El Consell Esportiu del Baix Llobregat gestiona la liga que el ayuntamiento realiza en los polideportivos del municipio. En la causa de L'Hospitalet, los principales acusados son el actual teniente de alcalde de Urbanismo y primer secretario del PSC, Cristian Alcázar Esteban, y Eduard Galí, director del CELH. A los dos se les investiga por firmar ante notario un acta supuestamente falsa de la comisión directiva del consejo.
Denuncia
El caso de L'Hospitalet fue denunciado por el entonces concejal de Educación de L'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, que presentó su dimisión como teniente de alcalde de la ciudad por la "inacción" del gobierno municipal ante las presuntas irregularidades económicas en el Consell Esportiu que él mismo denunció a la policía.
El abril pasado, la alcaldesa Núria Marin, como investigada, negó haber avalado cualquier irregularidad. El secretario general de Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, también declaró como investigado y sostuvo que la subvención concedida al Consell "como todo, pasa hasta siete filtros" y la revisión técnica de las cuentas "es impecable". El Consell Esportiu de L'Hospitalet tenía un presupuesto de 969.734 euros el año 2019, de los cuales 210.000 euros son aportados por el Ayuntamiento y 110.700 euros por la Generalitat. El grueso (636.348 euros) son de particulares y familias para el deporte federado y los casales.
En la entidad había cinco cargos municipales y la policía sostiene que falsificaron el acta de la asamblea en la cual se aprobaba el presupuesto del 2020 presentado a la Generalitat, pero la aprobada por los socios era con la mitad de partidas. En esta asamblea estaba Marín, que lo admitió, como una visita a la entidad. "Es un error contable inocuo", según las defensas, que se arregló en una asamblea posterior.