La alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, asegura que pedirá que se archive la causa que la implica en el caso del Consejo Deportivo de la ciudad. Marín ha declarado este viernes a la Ciutat de la Justícia, y se le atribuyen un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir el delito. La alcaldesa asegura que ha contestado a todas las preguntas que le han hecho las partes y ha defendido que siempre ha actuado dentro de la legalidad y con el asesoramiento jurídico del ayuntamiento. De la misma manera, ha adelantado que en las próximas semanas prevé poder presentar la petición para que se archive la causa contra ella, y ha añadido que confía plenamente en la justicia.

Marín ha declarado durante poco más de una hora al juzgado, de dónde ha salido y se ha desplazado en coche hasta la sede de los medios de comunicación municipales de l'Hospitalet, donde ha hecho una breve intervención sin preguntas ante los medios de comunicación. "He respondido todas las preguntas que han hecho las partes", ha apuntado. Marín ha añadido que siempre ha actuado "con legalidad y el asesoramiento jurídico del ayuntamiento o de las personas encargadas de esta formulación", ha añadido. Por todo ello ha adelantado que pedirán que se archive la causa.

"Espero poder pedir el archivamiento de forma rápida, y en las próximas semanas así lo haré, en el momento que eso sea posible", ha dicho. Por último, ha expresado que confía plenamente en la justicia, una vez ha explicado todo lo que tenía que decir, tanto ella como el resto de personas que han declarado en los últimos días en sede judicial.

Por su parte, el abogado de Marín, Fermí Morales, ha aclarado que no se harían más valoraciones "por respeto" al procedimiento legal y al momento procesal, y que todavía no hay fechas para pedir el archivo de la causa porque todavía hay diligencias para practicar. De la misma manera, sobre el volcado del contenido del teléfono móvil de la alcaldesa, al no haber aspectos relevantes no se han aportado a la causa su contenido.

Semana intensa

Esta semana han declarado los principales implicados en el caso del Consejo Deportivo de l'Hospitalet, y también, los principales testigos|testimonios. Sus declaraciones son claves para marcar el camino de la investigación las próximas semanas y los próximos pasos que pueda pedir hacer el Fiscal y que vaya adecuados la jueza.

Ayer diversos antiguos verificadores contables y tesoreros han asegurado este jueves en el juzgado que las cuentas de la entidad les llegaban de sus superiores: el contable de la entidad, ya muerte, y el exconcejal socialista Cristóbal Plaza, y que ellos sólo firmaban su veracidad, sin analizar la documentación a fondo. Eran cargos creados a los estatutos y por los cuales no cobraban ningún salario. Por eso, todos han coincidido, según fuentes jurídicas, al señalar al exconcejal y entonces director de la entidad y el contable como los que realmente dominaban la contabilidad del Consejo.

El miércoles declaró el concejal socialista que destapó el caso, Jaume Graells que explicó que ante las supuestas irregularidades contables en el Consejo Deportivo local al menos desde el 2016 que cuando él denunció el caso a la alcaldesa, Núria Marín, se sintió "traicionado" en su confianza y "mucho marginado", ya que vio que no le daba apoyo y que se amparaba presuntamente a los responsables de las irregularidades. A preguntas de la instructora, Graells criticó la "pasividad total" de Marín, que está investigada en la causa y está previsto que declare el viernes al juzgado.

El hechos investigants

Hay indicios que al menos los últimos cuatro años miembros de la directiva del Consejo Deportivo y al mismo tiempo miembros del Ayuntamiento, "en connivencia con el director, nombrado secretario anteriormente, habrían dispuesto, con afán de lucro y de forma indebida y fraudulenta, de los fondos de este organismo, falseando o alterando documentación de la entidad para ocultar los hechos y darle la apariencia de legalidad".

Así, se considera que estarían implicados el expresidente de la entidad y también exconcejal de Deportes, Cristóbal Plaza, Cristian Alcázar, también teniente de alcalde y anterior presidente del Consejo, y Eduard Galí, actual director del Consejo. Según el auto del 22 de diciembre, los tres habrían utilizado dinero de la entidad por|para su propio provecho o el de terceros y con finalidades aparentemente ajenas al organismo, "actuando con total impunidad al aprovecharse de las facultades de dirección inherentes al cargo que tenían en el organismo y de su condición de miembros de la corporación local". Así, "habrían ideado un sistema de contabilidad oculto, excluido de cualquier tipo de control ajeno a los presuntos responsables, y falsificando varios tipos de documentos de la entidad para evitar su descubrimiento por parte del órgano interno encargado del control y la fiscalización económica".

La jueza cree que los tres principales investigados habrían actuado con la "connivencia" de otras personas, como Marín, que "habría favorecido o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento a la entidad dirigida y gestionada por los investigados". Estos fondos habrían servido a Alcázar, Plaza y Galí para seguir con su entramado y Marín los habría ayudado a evitar que fueran descubiertos, y mantuvo una "conducta omissiva y pasiva" cuando el ahora exteniente de alcalde Jaume Graells le explicó sus sospechas.

Los implicados también habrían falsificado documentos internos del Consejo Deportivo sobre su situación económica y financiera para no sólo desviar fondos de la entidad, sino para conseguir más procedentes del consistorio, del cual formaban parte. También hay conversaciones entre los principales investigados donde se evidenciarían los intentos por ocultar los hechos.

Estas acusaciones de la jueza se basan principalmente en la declaración judicial inicial de Graells y de una administrativa del consejo encargada de la tesorería y la facturación, una auditoría encargada para buscar irregularidades y la documentación decomisada en los cacheos policiales. Además, la jueza dice que después de que Graells denunciara los hechos, los tres principales investigados habrían maquinado para intentar ocultarlos, cosa que se ha descubierto a través de sus mensajes, llamadas y documentos informáticos. De hecho, el juez cree que los tres "orquestaron una maniobra para aparentar una correcta actuación y excluir al denunciante de la entidad deportiva", operación que habrían hecho junto con Marín y Figueras.

La jueza también pidió a la Udef que le aporte el acta de la reunión de la comisión directiva del 16 de septiembre del 2016, si lo han encontrado en los cacheos. Al Consejo Deportivo le pidió que identifique a todos los trabajadores de la entidad en aquellos momentos.

Además, en un auto del mismo 22 de diciembre, la jueza autorizaba a la policía a acceder y examinar el contenido del teléfono móvil de Marín, diligencia prevista para el 29 de diciembre pasado. La policía sospechaba que en el móvil de Marín podía haber pruebas de sus conversaciones con otros investigados como Alcázar o Figueras.