"Sin miedo". Este es el lema de la campaña que la Candidatura de Unidad Popular (CUP) ha puesto en marcha desde hace semanas para reclamar desobediencia y defender los cargos electos ante los embates y "la persecución política" del Estado español. Y ahora, los cuperos han dado un paso más en esta defensa y han registrado una propuesta de resolución en el Parlament, a la que ha tenido acceso El Nacional, para que la cámara "repruebe" al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por "sus instrucciones de persecución de los cargos electos catalanes".

Los cuperos denuncian en el texto registrado que el fiscal emitió el 5 de noviembre del 2015, una circular remitida a todos los fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dando instrucciones que en caso de que se aprobara por parte del Parlament de Catalunya una resolución que diera inicio al proceso independentista, como fue la declaración del 9N, y esta fuera suspendida por el Tribunal Constitucional, habría que perseguir a todos los cargos públicos que la ejecutaran por diversos delitos, como el de sedición.

De hecho, la formación anticapitalista critica que esta circular "apostaba por una interpretación forzada de la atribución de competencia en los órganos judiciales, confiriendo la competencia para perseguir estos actos a la Audiencia Nacional española, heredera del TOP franquista".

Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el concejal Joan Coma Roura, de Capgirem Vic, imputado por sus palabras durante el pleno del ayuntamiento que dio apoyo, mediante una moción, a la declaración del ruptura del 9-N. Roura es el primer concejal investigado por la Audiencia Nacional por el proceso independentista, sin embargo, también muchos otros ayuntamientos han recibido requerimientos de la Audiencia pidiendo información sobre las mociones de apoyo. 

A raíz de esta situación, nace ahora la propuesta de resolución, que tiene también el apoyo del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien precisamente se reunió hace unas semanas con el diputado cupero Benet Salleas y el propio concejal, Joan Coma. El texto registrado irá en el orden del día de la comisión de justicia del Parlament que tendrá lugar el mes de mayo. 

Apoyo

Por todo ello, aparte de la reprobación del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, la CUP quiere que el Parlament dé pleno apoyo a los cargos electos catalanes investigados y perseguidos por su apoyo a la declaración del 9-N. De hecho, este mismo punto ya se aprobó en la moción que ratificó la declaración del 9N. 

También los cuperos piden que la cámara constate el evidente "carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas y la evidente vulneración de los derechos fundamentales políticos de los catalanes y catalanas mediante sus cargos electos y elevar esta cuestión a los organismos internacionales correspondientes en materia de derechos humanos".

7 de mayo 

A partir del momento en que los ayuntamientos catalanes han empezado a recibir los requerimientos de la Audiencia Nacional por su apoyo a la declaración del 9-N, y sobre todo, a raíz de la imputación de Joan Coma, la CUP ha apoyado desde la calle a los cargos municipales implicados. Esta campaña de apoyo se cerrará con una manifestación el 7 de mayo en Barcelona para reclamar desobediencia para la independencia.