La CUP lo tiene claro: a estas alturas no se sumará a la ley ad hoc que trabajan PSC, ERC, Junts y Comuns para dar respuesta desde el Parlament a la sentencia que impone el 25% del castellano en las aulas. La formación anticapitalista, que en ningún momento ha participado ni de la negociación de la reforma de la ley de política lingüística ni tampoco de la nueva ley que negocian los partidos, ha asegurado que en estos momentos no se sumará a la propuesta: "No nos podemos sumar porque esta proposición de ley y este decreto ley que promueven acaba con la inmersión".
La formación anticapitalista recibió un borrador de la ley que trabajan los partidos del Parlament el jueves de la semana pasada, y el viernes salieron a explicar que se abrirían a negociar siempre que el ejecutivo de Pere Aragonès convoque una mesa con la comunidad educativa para dialogar sobre este acuerdo. Este hecho no se ha producido y hoy el diputado Carles Riera, después de constatar que no se les ha invitado a participar de las negociaciones ni tampoco a la comunidad educativa, ha cerrado la puerta a sumarse a la propuesta y ha señalado, en una entrevista en La2 y Ràdio4, que la proposición de ley "da paso, por primera vez en la legislación catalana, al uso curricular de la lengua castellana".
El diputado ha considerado que el contenido del texto que trabajan in extremis los cuatro partidos "consagra la segregación escolar en razón de lengua", y según los cuperos se deja en manos de las escuelas el desarrollo del proyecto lingüístico, lo que podría impedir que haya un proyecto igual en todos los centros: "En el momento en que tendríamos que legislar a favor del catalán y aplicar la inmersión por igual, estos partidos y el Govern se adecuan a la sentencia, incorporando las tesis principales de la sentencia, que el castellano tiene que ser lengua cooficial". Para Riera, lo que hace falta es reforzar la legislación vigente a favor de la inmersión.
Detalles de la ley
El acuerdo entre los cuatro grupos se sigue debatiendo la mañana de este martes. Ayer por la mañana ERC se manifestó optimista y puso encima de la mesa la posibilidad de registrar el texto legal ayer mismo por la tarde. Finalmente eso no sucedió, y se puso de manifiesto la distancia entre PSC y Junts, ya que los socialistas insisten en la reforma de política lingüística mientras que Junts asegura que esta ley no se tiene que tocar y defiende que la propuesta de que trabajan actualmente mantiene el catalán como lengua vehicular y no trae más presencia del castellano que la que ya está prevista a la ordenanza, mientras que también protege los maestros y los centros dejando claro que es el Departamento de Educación el responsable de validar los proyectos lingüísticos de las escuelas.