Despues de la declaración de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ante la Audiencia Nacional el viernes, el juez del caso Pegasus ha anunciado novedades. Después de tomar declaración a Esteban, el juez José Luis Calama ha acordado el levantamiento del secreto de actuaciones del caso, una acción que el mismo tribunal ha recordado que se puede revertir si así lo considera necesario. Esta decisión solo afectaría al espionaje con el software israelí en el Govern, no a los diversos afectados por el CatalanGate. Además, el juez Calama ha acordado citar como testigo el 5 de julio, a las 9 horas, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
La Audiencia Nacional también ha acordado ampliar la comisión rogatoria cursada en Israel. Esta decisión busca poder enviar una comisión judicial mayor encabezada por el mismo juez Calama, que se desplazará en Israel para tomar declaración del máximo responsable comercial de NSO Group, compañía que comercializa el software espía. No será la primera vez que Calama está en contacto con declaraciones en este país, ya que ha dirigido con anterioridad la primera comisión rogatoria al Estado israelí para que la empresa informara sobre esta misma herramienta informática.
Rechazo al Govern
La Audiencia Nacional trabaja en el caso Pegasus, pero deja de lado el Govern. El pasado miércoles 1 de junio, el juez Calama ratificó su decisión de dejar de lado la acusación popular de la Generalitat en el caso Pegasus. La Generalitat argumentó que "las actividades ilícitas" en este procedimiento pueden afectar "responsables políticos de las más altas instituciones públicas catalanas", pero el tribunal no lo veía igual.
El magistrado desestimó el recurso de reforma presentado por el Govern argumentando que "el objeto de las presentes actuaciones, contrariamente a la anterior afirmación, viene limitado, única y exclusivamente, a la filtración de información del contenido de los dispositivos móviles" del Sánchez y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; de agricultura, Luis Planas; y del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Consiguientemente, tales argumentos tendrán que hacerse valer, si procede, delante del órgano judicial que esté conociendo de aquellos otros hechos, y que son totalmente ajenos a este procedimiento", concluía Calama.
Además, el magistrado argumentó que la Generalitat no tenía bastante legitimación. "La falta de legitimación de la Generalitat para personarse en las presentes actuaciones en la referida calidad aparece de forma meridianamente clara", dado que esta opción tiene que estar recogida en un "concreto precepto de ley". Ya el 18 de mayo, la Audiencia había rechazado por primera vez que el Govern se presentara como acusación popular en este caso. Sin embargo, el Ejecutivo recurrió la decisión sin éxito.