El Consejo de la Advocacia Catalana ha cargado contra el Tribunal Supremo por haber sentenciado la inhabilitación de Quim Torra para poder seguir ejerciendo de president de la Generalitat. En un comunicado donde no niega "un escrupuloso respeto a la pluralidad ideológica" de los profesionales que integran este tribunal, sí ha considerado que es bueno abrir un espacio de "crítica" y reflexión y consideran que su posición tiene que tomar valor como "corporaciones de derecho público" que representan en el ejercicio de sus funciones.

Derechos vulnerados

De forma explícita y resumiendo las ideas en dos puntos muy concretos han manifestado que "respetan la sentencia dictada" pero a la vez exigen "una revisión de aquellos derechos que hayan podido ser vulnerados". Y en este aspecto tildan de "grave desproporción" los hechos con la sanción. Por todo ello, más allá del perjuicio ocasionado a Torra, también "deslegitiman la voluntad popular, libre y pacíficamente expresada" de los catalanes y catalanas en las urnas.

En la línea de la defensa que ha encabezado el abogado Gonzalo Boye, desde la Advocacia Catalana también están de acuerdo con que el Supremo ha acabado judicializando una reivindicación política". Mezclar estos dos poderes es lo que ha comportado un "resultado desmesurado y contrario a los más elementales principios del derecho penal". También recuerdan, como expertos en la materia, que estos principios tienen que ser "proporcionales, de oportunidad e intervención mínima".

Piden revisar la ley

La recomendación que acaban dando es el diálogo "desde el respeto y el conocimiento mutuo" de ambas partes. Y enlaza el movimiento independentista como una reivindicación "de libre ejercicio democrático y con respecto a las minorías". Acaban abriendo una ventana al cambio y la revisión de la misma Constitución o aquellos artículos que rigen la interpretación jurídica pidiendo "la adecuación de las leyes a la realidad social que permitiría devolver a la normalidad necesaria para asegurar la prosperidad y el futuro político". Una necesidad que desde el Colegio ven indispensable para el progreso de Catalunya pero también de España.

La función del Consejo de los Ilustres Col·legis d'Advocats de Catalunya es la representación y la defensa general de la profesión en el ámbito de Catalunya y la coordinación de los colegios profesionales que los integran. Pero también puede ejercer otras funciones públicas por delegación del Govern, así como ejercer otras actividades de naturaleza privada. Este es el órgano que integra todos los colegios catalanes: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa, Ilustre Colegio de la Abogacía de Girona, entre otros.

 

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