La calificación de los presos políticos en régimen de segundo grado no ha caído igual entre los dos socios de Govern. JxCat lo ve "decepcionante" y considera que ha podido influir en ella la "presión política y mediática" de los últimos días, en medio de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Desde ERC, en cambio, defienden que se trata de un asunto "técnico" y apuntan que no puede haber "presiones a los funcionarios".
El primero en valorar el veredicto de las prisiones ha sido el vicepresidente de la cámara catalana, Josep Costa, que ha asegurado que otra decisión era "posible", y que la prueba de esto es que no haya habido unanimidad en las juntas de tratamiento entre el segundo y el tercer grado. "Ante la duda", defiende, se tenía que haber adoptado la medida "que menos perjudique a los presos". En este punto ha querido recordar que medidas como el segundo o el tercer grado penitenciario son fórmulas "perfectamente legales y normales del cumplimiento de las penas y que en ningún caso se trata de una "excarcelación".
A pesar de querer evitar entrar en los motivos por los cuales se ha optado por esta decisión, Costa sí ha remarcado que no sería "aceptable" que "el hecho de ser presos políticos y que organismos internacionales de derechos humanos pidan su liberación sea un perjuicio para ellos y para la clasificación". En este sentido ha reiterado que cree que los presos cumplían los requisitos para ser clasificados en tercer grado y considera que es "la evidente presión ambiental, política y mediática contra estos presos" lo que hace que se pretenda "que tengan un trato peor que otros presos en las mismas circunstancias".
Por otro lado, los republicanos, de quienes dependen las prisiones a través de la conselleria de Justícia dirigida por Ester Capella, quieren dejar claro que se trata de un tema "técnico" y que lo respetan. El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha salido a rebatir la opinión de sus socios de Govern y ha asegurado que no se puede trasladar la "presión a los técnicos". "Nuestro trabajo no es presionar a los técnicos y funcionarios", ha defendido, apuntando que a partir de ahora estudiarán si la mejor opción para los presos es presentar un recurso contra la clasificación de las juntas o trabajar para conseguir que se les aplique el artículo 100.2, que también les permitiría salir de la cárcel para trabajar.
Sea como sea, desde ERC consideran que el "problema sigue siendo lo mismo: que en España existen presos políticos" y ha asegurado que seguirán trabajando sin cesar para que estén en la calle". Preguntado por las negociaciones con el PSOE para la investidura y por si la situación de los presos está sobre la mesa, Sabrià se ha limitado a decir varias veces que "el diálogo, para que sea limpio y sincero, no puede ir acompañado de represión".