Las juntas de tratamiento de las prisiones proponen el segundo grado, el régimen cerrado, para los 9 presos políticos condenados por el Tribunal Supremo.

Ha sido "después de una larga deliberación y un largo debate y sin unanimidad". Así se ha tomado la decisión, según ha explicado el director general de Presons, Amand Calderó.

La propuesta la han acordado las juntas de tratamiento de las tres prisiones, que se han reunido a las 9 de la mañana simultáneamente en Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric.

El desacuerdo de algunos de los miembros de las juntas de tratamiento ha venido dado por la posibilidad de proponer un tercer grado para los presos políticos, que les permitiría salir de la prisión durante el día.

Hasta dentro de dos meses como máximo no se decretará oficialmente el segundo grado y eso retrasa la petición de los permisos, que requieren haber completado un cuarto de la condena. La confirmación, que depende del servicio de clasificación de la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del departament de Justícia, que dirige Ester Capella (ERC), no llegará antes de finales de año, según ha explicado Calderó.

No hay tratamientos específicos para el delito de sedición. Es un caso excepcional y complejo y con un intenso debate político de trasfondo con las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez en marcha.

La demora en la decisión y el hecho que el martes, desde ERC, ya se apuntara el segundo grado, incomodó a las familias de algunos de los presos, que consideran que sin el tercer grado es difícil la reinserción y la posibilidad de reorientar su vida profesional. Todos ellos están inhabilitados y ni se pueden ejercer ningún cargo público ni pueden trabajar en la administración pública.

Armand Calderó Secretari Mesures Penals Foto Sergi Alcàzar

El director general de Presons, Amand Calderó. Foto: Sergi Alcàzar

La clasificación se revisará en un plazo máximo de 6 meses, también ha dicho Calderó, que ha hecho el anuncio después de explicar las competencias. Calderó ha remarcado que "los profesionales de las prisiones trabajan al margen del ruido. Con rigor, honestidad e independencia".

"Son casos singulares con los que el servicio penitenciario no se ha encontrado nunca" ha admitido Calderó. Ahora el servicio de clasificación estudiará el acuerdo de las juntas de tratamiento.

La alternativa ahora al tercer grado es aplicar el artículo 100.2, que garantiza los permisos para salidas de la prisión. Eso quiere decir que si alguno de los reclusos encuentra trabajo, podría hacer la petición y le podrían dar el permiso. O bien, como es el caso de Carme Forcadell y Dolors Bassa, se les podría conceder para cuidar a familiares.

Para aplicar este concepto no hay plazo, sólo los dos meses que empiezan a contar desde ahora para que se confirme el segundo grado.

Con el segundo grado, cuando esté adjudicado, los nueve presos y presas tendrán 36 permisos para salir de la prisión una vez hayan cumplido un cuarto de la pena. Con el tercer grado, aparte de ir a la prisión sólo para dormir, accederían a 46 permisos y no haría falta el cumplimiento de un cuarto de la pena.

Riesgo: los permisos de Navidad

Ahora se abre un plazo de dos meses en que las juntas de tratamiento marcarán los objetivos para cada interno y el servicio de clasificación tiene que ratificar el acuerdo para el segundo grado. Hasta que no se produzca la resolución definitiva, ninguno de los presos políticos podrá pedir ningún permiso penitenciario.

En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que en diciembre habrán cumplido ya un cuarto de la pena, les correspondería poder salir para pasar la Navidad en casa, por ejemplo, pero hasta que no haya resolución definitiva no pueden ni pedirlo.

Cuando el servicio de clasificación haya resuelto, se podrá recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente. La decisión de este juez se podrá recurrir, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, que es el Tribunal Supremo.

Algunos de los abogados de los presos, intuyendo la decisión de las juntas de tratamiento, ya habían anunciado que presentarían recursos ante el segundo grado. Creen que les corresponde un tercer grado que les permitiría salir durante el día y sólo ir a la prisión a dormir.

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