Reclamo urgente. El Departament de Justícia, que encabeza Lourdes Ciuró (Junts), ha enviado una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, en la cual le pide que resuelva los "incidentes" que "de forma reiterada" protagoniza el titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, Sergio Escalona Lebiere, porque no respeta el derecho de opción lingüística de los ciudadanos, tal como recoge el Estatut, al dirigirse a la Administración de Justicia, según ha podido saber este martes ElNacional.cat. El último incidente conocido es que hace un par de semanas el juez Escalona forzó a declarar en castellano a dos ciudadanos investigados precisamente para tuitear a favor de la inmersión lingüística y de crítica a la familia de Canet de Mar que obtuvo del TSJC que la escuela Turó del Drac diera el 25% de las clases en castellano. Ante este incidente, otro investigado pidió declarar con traductor de catalán, admitido por el juez.

El secretario de Relacions amb la Administració de Justícia, Eusebi Campdepadrós, es quien firma la carta dirigida al presidente del TSJC, en la cual admite que la sala de gobierno del TSJC es "sensible" al hacer respetar la lengua propia en los juzgados de Catalunya, pero que tiene que actuar ante el comportamiento del juez Escalona que "alega desconocimiento del derecho a la opción lingüística de los ciudadanos", que se dirigen a la Administración de Justicia. "El catalán es lengua oficial en Catalunya, como el castellano," añade en la carta y exige al TSJC que garantice "el derecho de los ciudadanos a no sufrir indefensión" y que puedan presentar los escritos en catalán sin que se le exija la traducción, como también a declarar en su lengua en los juicios. Campdepadrós también le reitera que "el juez tiene que cumplir con sus funciones de garante de los derechos de los ciudadanos".

Es un juez reincidente contra el catalán

El Departament de Justícia también ha dirigido una carta al juez Sergio Escalona, en qué le indica que se ha hecho eco de las quejas recogidas en los medios de comunicación porque no se puede usar el catalán en su juzgado y le detalla todos "los recursos y herramientas" que tiene el Departament de Justícia (e incluye todos los enlaces de su web) para que "haga uso de sus funciones" y garantice el derecho lingüístico de los ciudadanos que se dirigen a los juzgados. Se le recuerda que, el Estatut fija, que magistrados, jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia tienen que mostrar a uno "conocimientos adecuados y suficientes"  en este "servicio público" donde trabajan con el fin de garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios. Y si tiene dificultades, se le recuerda de que el Departament de Justícia tiene un servicio lingüístico al servicio de la judicatura, que pueden asesorar y ayudar a traducir documentos. También le exponen que "hay una amplia oferta de cursos" de catalán para todos los funcionarios de Justícia.

El juez Escalona es un reincidente por no respetar la lengua propia de Catalunya de los ciudadanos en los juzgados. En noviembre de 2019, Plataforma per la Llengua denunció al juez Escalona por "haber vejado y discriminado los ciudadanos que quieren declarar en catalán en su juzgado". En este caso, el juez Escalona no permitió declarar en catalán en un juicio leve de faltas a un ciudadano y el juicio se suspendió. La sala de gobierno del TSJC analizó la queja presentada por un abogado y concluyó que Escalona era autor "de una infracción disciplinaria por desconsideración y desatención a un ciudadano". No obstante, el TSJC consideraba que era una falta leve y lo sancionaba con una advertencia al afirmar que "hay una laguna legal sobre la habilitación de intérpretes en el caso de desconocimiento por un juez o magistrado de una lengua cooficial diferente del castellano". Ahora, el juez Escalona ha vuelto a incumplir un derecho lingüístico.

Actualmente, para ejercer en la Administración de Justicia en Catalunya no se considera un requisito el conocimiento del catalán por parte de los funcionarios de cuerpos estatales como los jueces, que es una reivindicación histórica de Junts y ERC y entidades catalanas. Y ante el preocupante retroceso del uso del catalán en los juzgados y en sentencias, la consellera Ciuró quiere exigir unos conocimientos mínimos de catalán, el nivel C1, en los trabajadores en Justícia para que el ciudadano no sea discriminado.