La Audiencia Nacional ha autorizado que el comisario jubilado José Manuel Villarejo pueda viajar a Andorra para ser interrogado como testigo por la jueza andorrana que investiga la operación Catalunya, según ha adelantado elMon y ha confirmado ElNacional.cat este jueves. Villarejo -que sigue siendo investigado por tribunales españoles- ha afirmado abiertamente que había una unidad policial que investigaba a rivales del PP, como a políticos catalanes, y los audios que grababa con cargos superiores del Ministerio del Interior y del PP lo avalan. Después de varios obstáculos, la jueza de Instrucción especializada 2 de Andorra reactivó la investigación, iniciada por la denuncia de los entonces titulares de la Banca Privada de Andorra (BPA) que recibieron presiones de policías españoles para que les dieran información bancaria de la familia Pujol Ferrusola y de otros políticos.

Además, el verano pasado, la jueza informó de que enviará nuevas Comisiones Rogatorias Internacionales (CRI) a las autoridades españolas para que colaboren y pueda interrogar como investigados al expresidente del gobierno español del PP, Mariano Rajoy, y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. Y también las citaciones de testigos. Villarejo tiene que declarar el próximo martes.

En julio de 2023 Villarejo fue condenado a 19 años de cárcel por revelación de secretos de empresas y particulares en las tres primeras piezas de la macrocausa denominada caso Tándem. A mediados de septiembre, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional rebajó en seis años la sentencia, que ha quedado en 13 años. A esta condena se han ido sumando 3 años y un día de cárcel por un encargo de espionaje del Grupo Planeta de comienzos de 2014, y ocho años de cárcel por revelación de secretos por el intento de tomar el control de Repsol por parte de Sacyr y Pem. Sin embargo, éstas son solo algunas de las múltiples causas que el comisario tiene abiertas.

Tras más de tres años en prisión provisional, de la que salió en el 2021, Villarejo se encuentra en estos momentos en libertad ya la espera de que las condenas contra él sean firmes.

Testigos

Junto al excomisario Villarejo, la juez andorrana citó también como testigo al abogado Josep Maria Fuster-Fabra, amigo de los hermanos Cierco. Fuster-Fabra habría puesto en contacto a los Cierco con el comisario Marcelino Martín Blas y con el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía española, los cuales, presuntamente, les habrían exigido información bancaria, secreta y confidencial, de la familia Pujol. Asimismo, están citados el exministro de finanzas andorrano Jordi Cinca Mateos, que en el 2015 se habría reunido hasta cinco veces con su homólogo español, entonces Cristobal Montoro, y el ex ministro de Exteriores Gilbert Saboya Sunyé, para informar sobre estos hechos.

Ramon e Higini Cierco, propietarios de la Banca Privada de Andorra, denunciaron que habían recibido estas presiones de policías españoles y que, ante la negativa a facilitarles información confidencial, una nota de alerta del Tesoro de Estados Unidos (FINCen) con información errónea, facilitada por España, sobre supuesto blanqueo de capitales, provocó el cierre del banco.