El independentismo ha recibido con satisfacción el informe de la Fiscalía que declina investigar al president en el exilio, Carles Puigdemont, y al resto de encausados por el caso de Tsunami Democràtic por terrorismo. La portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Mònica Sales, ha defendido en una comparecencia este jueves al mediodía que se trata de una decisión "lógica" y que, según su opinión, supone toda una "desautorización a la instrucción política" del juez Manuel García-Castellón. Ante las presiones de Esquerra Republicana para aprobar ya la ley de amnistía y los avisos de los republicanos para hacer que la ley sea "aplicable" y pase los "filtros" de la justicia europea, Sales ha apuntado que el informe del Ministerio Fiscal "no impide que la ley de amnistía tenga que tener garantías". Desde la perspectiva de los juntaires, eso se tiene que traducir en un doble objetivo: una amnistía que "incluya a todo el mundo y que sea de aplicación inmediata".
Después de la prórroga aprobada por la Mesa del Congreso, Junts sigue negociando con el PSOE por el dictamen de la ley de amnistía. La fecha límite será el 7 de marzo. Ante las últimas maniobras judiciales, los juntaires quieren "blindar y robustecer" la ley y que puedan entrar los casos de terrorismo o alta traición. Este planteamiento lo rehúsa Esquerra Republicana, que insiste en que la amnistía se tiene que aprobar ya. En una atención a los medios este mismo jueves, la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, manifestaba que el margen de maniobra es "estrecho" porque "solo" se pueden negociar las enmiendas que siguen vivas a la ponencia. ERC sostiene que ahora no se conseguirán "soluciones mágicas" y que las "invenciones" de los jueces contra el independentismo seguirán a pesar del informe de la Fiscalía y la amnistía.
El "desbarajuste" del Govern con la fecha del nuevo curso escolar, a ojos de Junts
A lo largo de la comparecencia, Mònica Sales ha anunciado que han acercado posiciones con el Govern sobre las pruebas orales de catalán en las escuelas. A principios de febrero, el ejecutivo anunciaba que no se podrían hacer por la "sobrecarga de trabajo para los centros" que suponía hacerlas, pero al día siguiente rectificaba y anunciaba que se harían en 130 centros educativos de primaria y secundaria. Los juntaires mantenían que el giro era "insuficiente" y exigían pruebas "censales" y no muestrales. Tras una reunión esta mañana con representantes del Departament d'Educació, Sales ha manifestado que el Govern ha "corregido" su decisión y, a la espera de documentación donde se lea la "letra pequeña", consideran que el nuevo planteamiento es un "punto de partida para desencallar la situación". En este embate, el partido de Jordi Turull y Laura Borràs había decidido detener las negociaciones por el Pacte Nacional per la Llengua.
A pesar de esta "rectificación total", la portavoz de los juntaires en el Parlament ha señalado que la fecha del curso escolar 2024-2025 confirma que el ejecutivo sufre "desorientación": "Dijeron que mantendrían el adelanto escolar y han tenido que retrasar la fecha. Es un desbarajuste y una confusión que provoca incertidumbre permanente y pone en riesgo la calidad del sistema educativo".
Por otra parte, este jueves, a las 15 horas, Junts mantendrá una tercera reunión con el Govern por los presupuestos. El partido espera la respuesta del ejecutivo al centenar de propuestas que les plantearon el jueves pasado en un encuentro en el Palau de la Generalitat. Mònica Sales ha hecho énfasis en la propuesta para eliminar el impuesto de sucesiones, un tributo que consideran "injusto" por representar una "doble imposición y penalizar el ahorro". Según sus cálculos, esta bonificación supondría una reducción de ingresos de entre 250 y 400 millones de euros, cifra que consideran "asumible" para las arcas de la Generalitat.
Finalmente, sobre el pleno monográfico de sequía, la parlamentaria ha expuesto que han llegado a un acuerdo para transaccionar dos enmiendas con el PSC sobre el uso de agua de mar tratada para piscinas en establecimientos turísticos y las restricciones en las instalaciones deportivas. Con respecto a la posibilidad de una interconexión de redes que implique un trasvase del Ebro, Sales ha anunciado que votarán en contra de este escenario.