El Govern y Junts per Catalunya se han reunido este jueves por segunda vez para hablar de los presupuestos de 2024. En un encuentro celebrado en el Palau de la Generalitat, que ha durado 20 minutos, los juntaires han expuesto su paquete de más de 100 medidas para negociar las cuentas e intentar llegar a un acuerdo. Desde el partido, sostienen que esta propuesta es "realista y factible" y la han estructurado en cinco ejes: fiscalidad; educación, derechos y cohesión social; lengua, cultura y medios de comunicación; sequía, transición energética y equilibrio territorial; y políticas para la independencia. Entre las medidas más reseñables, Junts pone encima de la mesa una supresión del impuesto de sucesiones con una bonificación del 99%, la exención de este tributo para los casos de relevo generacional en una empresa familiar, bajar el tramo autonómico más bajo del IRPF, más recursos económicos para combatir la sequía o dotarse de una unidad específica de Mossos d'Esquadra que haga frente a las ocupaciones delincuenciales.
Por parte del partido de Jordi Turull y Laura Borràs, han asistido la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, y los diputados Joan Canadell y Jordi Munell. Desde el ejecutivo, la delegación ha sido de carácter técnico con la presencia del secretario general de Economia i Hisenda, Josep Maria Aguirre; la secretaria general de Presidència, Núria Cuenca; y el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol. Junts critica el atraso del Govern en la negociación para los presupuestos y recuerdan que el 14 de febrero del año pasado ya se había tumbado la enmienda a la totalidad que ellos presentaron en las cuentas. Este año, lamentan que no se haya iniciado ni siquiera el trámite parlamentario del anteproyecto de 2024. También reprochan que, a mediados de febrero de 2023, ya habían mantenido una decena de encuentros con el ejecutivo y que, hasta este jueves, solo habían hablado con el Govern de los presupuestos el pasado 14 de diciembre. El partido también detalla que no recibieron toda la documentación de las nuevas cuentas hasta el pasado 24 de enero y que el ejecutivo los contactó el 31 del mismo mes para volver a reunirse. Junts considera que la pelota "está en el tejado" del Govern y el ejecutivo les ha instado a reunirse de nuevo tras hacer un "análisis preciso" del documento.
Las propuestas de fiscalidad
En el congreso del partido celebrado en L'Hospitalet en julio de 2022, Junts ya ponía encima de la mesa la defensa de la eliminación del impuesto de sucesiones y también estudiaba la opción de hacer lo mismo con el de patrimonio. Ahora, en el decálogo de demandas para explorar un acuerdo de los presupuestos, los juntaires reclaman la supresión con bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto de sucesiones para los contribuyentes de los grupos de parentesco I y II —referente a los cónyuges, descendientes y ascendientes— en la modalidad de adquisiciones de bienes y derechos por causa de muerte. Todavía sobre este impuesto, la formación quiere excluir los casos en relevo generacional familiar hasta tercer grado para "facilitar la continuidad y el relevo de las empresas familiares" considerando a estas personas como emprendedores —incorporándolas a las ayudas y subvenciones por emprendeduría que existen—, ya que actualmente están excluidas porque se considera que son negocios con antigüedad. Todavía en materia impositiva, Junts demanda bajar el tramo autonómico más bajo del IRPF del 10 al 9,5%. El año pasado, pedían hacerlo del 10,5 al 10%, una propuesta que el Govern rehusaba, pero que este año ha incorporado a su proyecto de presupuestos para el 2024.
Mossos para combatir las ocupaciones, ayudas al alquiler para jóvenes o más recursos al catalán y contra la sequía
Además de fiscalidad, los juntaires han estructurado en otros cuatro pilares el resto de propuestas. Con respecto a la sequía, el partido pide 300 millones para dos paquetes diferentes: 250 para reforzar la red de infraestructuras de agua de municipios; y los 50 restantes para medidas de ayudas al primer sector, al industrial, turísticos y deportivos. En seguridad, Junts pide de nuevo un grupo específico de Mossos especializado en hacer frente a las ocupaciones delincuenciales, así como agilizar los plazos de las resoluciones judiciales o impulsar mejoras en las comisarías de la policía catalana y a los parques de Bombers.
Desde la perspectiva de la lengua catalana, la formación juntaire propone "fortalecer" el Pacte Nacional de la Llengua —aunque las negociaciones están actualmente paradas— con 139 millones adicionales o destinar unos 60 millones más al Consorci per a la Normalització Lingüística. Vinculado con la educación, piden la universalización de la gratuidad del I2, luchar contra la segregación escolar y seguir "desplegando" la escuela inclusiva. Otro sector que ponen de relieve es la juventud: 40 millones para ayudas al alquiler a personas de entre 18 y 35 años, 70 millones para un plan de empleo de jóvenes o un programa de rehabilitación de viviendas en zonas en riesgo de despoblamiento.
Otros puntos incorporados en el documento del centenar de medidas de Junts van en la línea de la simplificación administrativa (ventanilla única para la desburocratización del primer sector o recursos para reducir los trámites de los ayuntamientos más pequeños), la reducción de las listas de espera sociosanitarias y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de este ámbito, más despliegue de la fibra óptica y potenciar la Agència Tributària de Catalunya con "más recursos humanos y técnicos" para que tenga la capacidad para recaudar más impuestos y hacerla "más soberana".
En relación con las grandes infraestructuras, como puede ser el Hard Rock o la ampliación del aeropuerto del Prat, el texto de Junts no hace una mención explícita. Desde el partido, sostienen que se ha hecho así porque interpretan que ya se incluyeron en los presupuestos de 2023 y que, si el Govern respeta los acuerdos alcanzados con el PSC en las cuentas del año pasado, "es obvio que se tienen que llevar a cabo". En todo caso, el documento sí que habla de transitar hacia un "modelo de infraestructuras de gestión propia".