El acuerdo entre PSC, ERC, Junts y comuns para reformar la Ley del Catalán un día antes de que acabe el plazo del TSJC para acatar la sentencia que impone un 25% del castellano en las aulas ha levantado un intensa polvareda en el espacio de Junts hasta el punto que el partido ha tenido que salir a explicar las razones para apoyar la medida. El anuncio del acuerdo ha provocado malestar incluso en el grupo parlamentario donde no todos los diputados estaban al corriente de la iniciativa. Según esta formación, la reforma "frena la imposición del 25% del castellano con una regulación propia para defender el modelo de escuela catalana y protege el catalán y los centros educativos".

La reforma pactada entre los cuatro grupos modifica el primer punto del artículo 21 de la ley de política lingüística del año 1998 que en su actual redactado establece que "el catalán se tiene que utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria". Este texto será sustituido por: "El catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. También es utilizado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en el apartado 3". Además, se establece que para "alcanzar el dominio oral y escrito del catalán y el castellano" es necesario garantizar una presencia adecuada de las dos lenguas en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro, teniendo en cuenta la situación socioeconómica y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito.

El acuerdo ha levantado críticas en la CUP, que ha acusado al Govern de renunciar a la inmersión lingüística y de trasladar a los centros la responsabilidad sobre la aplicación de la sentencia del TSJC que impone un 25% de castellano en las aulas. Pero también ha habido muestras evidentes de malestar en el espacio de Junts, incluida la del expresidente Quim Torra que en un tuit ha advertido: "No en mi nombre".

Junts ha respondido a la críticas con una nota en que asegura que esta reforma blinda la inmersión, el modelo de escuela catalana y de cohesión social y "afianza el catalán como lengua propia y la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje del sistema educativo". Esta formación asegura que el castellano es utilizado como lengua de enseñanza y no como lengua vehicular. "La reforma establece una nueva forma de fijar la presencia de las lenguas en la escuela desde un punto de vista global. Se tendrá en cuenta los usos lingüísticos de los alumnos en el aula, en el patio y en el conjunto del centro educativo y, por primera vez, en los recursos de aprendizaje digital".

Las voces que se han pronunciado a favor de la reforma han advertido además que el Parlamento tenía que dar un cuerpo jurídico para proteger la inmersión dado que el carácter vehicular del castellano ya fue impuesto el 2010 por el Supremo y que la ley de Educación del PSOE aprobada el 2020 con el apoyo de ERC, fija que las administraciones tienen que garantizar que el alumno reciba enseñanza en castellano.

En declaraciones en ElNacional.cat, la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau ha advertido que este movimiento es "la última posibilidad de defender el modelo de escuela catalana" y que la alternativa es el modelo vasco, basado en un doble red escolar. Rigau subraya que el movimiento legislativo tiene que impedir que la confrontación lingüística se instale en las escuelas.

Por lo que respecta a la presencia del PSC en el acuerdo se subraya que este partido siempre ha formado parte del consenso por la inmersión y que su participación en el acuerdo dificultará una actuación del PSOE en contra. Además, se destaca que el hecho de que la iniciativa se haya tramitado en forma de reforma de Ley impide que pueda actuar en contra el TSJC y, en todo caso, los recursos se tendrán que dirigir al Tribunal Constitucional.

Finalmente, una última cuestión que también ha recibido contestación en la reforma anunciada hoy es la supresión del punto 8 del artículo 21 en que se reconoce que "el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Catalunya ha de recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán". En relación a este punto, se argumenta que estas ayudas ya están previstas y desarrolladas tanto para el catalán como para el castellano en la Ley de Educación de Catalunya.