Junts quiere modificar los estatus actuales del partido que prevén suspender afiliados cuando se les abre juicio por corrupción. Ahora que la presidenta de Junts, Laura Borràs, está pendiente de la apertura del juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por presunto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), el partido pretende enmendar su reglamento interno para hacer una excepción cuando se trata de casos de "lawfare" (cuándo se intenta desgastar un gobierno u opositor político mediante la guerra jurídica). Así lo recoge la ponencia organizativa transaccionada que se someterá a la militancia este fin de semana en el congreso de la Farga de l'Hospitalet, donde también se perfilará la nueva estrategia política de Junts. La nueva hoja de ruta tiene que determinar como el partido todavía la segunda parte de la legislatura y si continuarán en la coalición de gobierno con ERC. Las bases también debatirán la política de pactos con la vista puesta en el acuerdo que tienen con el PSC en la diputación de Barcelona.
Así pues, a partir de ahora, la Comisión de Garantías podrá proponer a la Ejecutiva Nacional que acuerde, de forma motivada, medidas cautelares a la persona o personas implicadas, sólo si la presunta conducta sancionable lleva aparejada la sanción de suspensión temporal, parcial o total, de los derechos como persona afiliada o la expulsión del partido. Las medidas cautelares podrán consistir en: suspensión temporal del cargo orgánico que ejercite o suspensión temporal, parcial o total, de los derechos como persona afiliada. En todo caso, se tiene que acordar la suspensión cautelar automática de los derechos como persona afiliada de aquel que esté incurso en un proceso penal respecto del cual se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción (que no sea lawfare). Esta suspensión temporal automática será hasta que finalice el procedimiento, ya sea por archivo, o hasta que se dicte la resolución judicial correspondiente, firme.
Los estatutos actuales
Los estatutos actuales de Junts, siguiendo lo que marca la ley de partidos políticos, establecen que se suspenderá "automáticamente" a los afiliados contra los cuales "se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción" y "se expulsará del partido los que hayan sido condenados por alguno de estos delitos". En la primera ponencia organizativa que se redactó en junio de cara al congreso de la Farga, se introducía ya una excepción para situaciones de "lawfare", pero sólo para los casos de condena. En cambio, no hacían ninguna modificación para la suspensión cautelar cuando se abre juicio oral. "Se tiene que acordar la suspensión cautelar automática de los derechos como persona afiliada de aquel/a que esté incurso en un proceso penal respecto del cual se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción", decía el texto inicial.
¿Qué dice la ley catalana?
Ahora bien, este jueves se ha hecho pública una nueva versión de la ponencia que añade también la excepción de la "lawfare" cuando se abre juicio oral. Sería la Comisión de Garantías del partido la responsable de determinar cuándo se trata de un caso de persecución judicial políticamente motivada. Si finalmente la militancia de Junts avala el cambio, los nuevos estatutos se desmarcarán de la ley catalana de partidos políticos que marca la "suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, así como la sanción de expulsión del partido de los que hayan sido condenados por alguno de estos delitos".