Un día antes de someterse a una nueva votación clave, Pedro Sánchez se encamina a un nuevo batacazo parlamentario. Junts per Catalunya, que hace unos meses decidió romper sus relaciones con el PSOE y dejar de apoyar sus iniciativas, ha emitido este lunes un comunicado en el que señala que no apoyará el decreto ley ómnibus que el Gobierno someterá a votación en el Congreso de los Diputados. El paquete incluye, entre otras medidas, la actualización de las pensiones para 2026. La formación de Míriam Nogueras, imprescindible para articular la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, ha registrado en paralelo una proposición de ley propia para garantizar la revalorización de las pensiones, con el argumento de que el ejecutivo de PSOE y Sumar “mezcla” esta medida con otras cuestiones que no tienen relación directa. El PP, de la misma forma, ha anunciado su voto en contra por tratarse de un paquete que incluye otras medidas.
Junts rechaza este planteamiento y acusa al PSOE de condicionar la actualización de las pensiones con "chantajes". La portavoz del grupo en el Congreso, Míriam Nogueras, ha denunciado la “práctica habitual” de los socialistas de atar la subida de las pensiones a la prórroga de las limitaciones a los desahucios, una medida que, según su partido, “castiga a los pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente”. En este sentido, Junts ha instado al ejecutivo a presentar decretos separados y ha advertido de que “hay mayoría para garantizar las pensiones, pero el PSOE la pone en riesgo por introducir medidas sin consenso”.
Junts y PP remarcan que hay mayoría para aumentar las pensiones por separado
En el comunicado, Junts reivindica que hay mayoría para garantizar las pensiones. De la misma manera se ha expresado este lunes por la mañana Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista en la cadena COPE, el líder del PP ha asegurado que su partido no dudaría en votar a favor de la medida si no estuviera incluida en un decreto ómnibus. De hecho, esto ya pasó el año pasado: estas dos formaciones tumbaron un cajón de sastre similar y, más tarde, sí que sacaron adelante un decreto que se limitaba a aumentar las pensiones. Este lunes, en una rueda de prensa desde la sede de Génova 13, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha confirmado el voto en contra de los populares: "Votaremos que 'no'; las pensiones no pueden ser el juego que utilice el Gobierno para conseguir mayorías que de otra manera no consigue; los pensionistas no son rehenes del gobierno".
El decreto del Gobierno
El decreto ley prevé una revalorización general de las pensiones del 2,7% en 2026, en línea con la evolución del índice de precios al consumo, pero incorpora también la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, así como la compensación a los propietarios afectados. El texto incluye igualmente la prórroga de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y la continuidad del salario mínimo interprofesional de 2025 hasta que se apruebe el correspondiente a 2026.
Además, el decreto amplía hasta finales de 2026 distintas medidas de carácter económico y fiscal, como la prohibición de que las empresas que reciban ayudas públicas despidan alegando un aumento de los costes energéticos o si se han acogido a ERTE vinculados a la guerra de Ucrania, la prórroga del régimen de módulos para pequeños autónomos, de los regímenes simplificado y agrario del IVA, así como incentivos fiscales para vehículos eléctricos y puntos de recarga. También recoge ayudas para los afectados por los incendios forestales de 2025 y por la DANA, la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales en un contexto de presupuestos prorrogados, el régimen excepcional de endeudamiento autonómico para 2026 y la eliminación de la obligación de declarar el IRPF para los perceptores de prestaciones por desempleo.
La proposición de ley de Junts per Catalunya
En paralelo, Junts ha registrado una proposición de ley específica para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto de prórroga presupuestaria. La iniciativa establece una revalorización general del 2,7% de las pensiones contributivas y no contributivas en 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y fija el límite máximo de las pensiones públicas en 3.359,60 euros mensuales. El texto también prevé la actualización de complementos vinculados a la reducción de la brecha de género, de las pensiones mínimas y de diversas prestaciones sociales asociadas al sistema de la Seguridad Social y al régimen de clases pasivas del Estado.
Uno de los elementos centrales de la propuesta de los independentistas es la incorporación de un mecanismo de adecuación de las pensiones al coste de la vida de cada comunidad autónoma. Según el grupo, el objetivo es garantizar un poder adquisitivo equivalente en todo el Estado, atendiendo a las diferencias objetivas en el nivel de precios entre territorios. “No se puede hablar de igualdad cuando vivir en Catalunya es mucho más caro que en otros territorios y las pensiones son exactamente las mismas”, sostiene Nogueras.