Continúa el foco sobre el Departament de Drets Socials de la Generalitat. La consellera Mònica Martínez Bravo tendrá que comparecer en el Parlament de Catalunya para dar explicaciones sobre la crisis a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), junto con varios cargos y exaltos cargos del Departament. Lo hace a petición de Junts per Catalunya, el Partido Popular o la CUP, que han criticado la "falta de transparencia" del Govern ante los ceses el pasado 24 de marzo de la ya exdirectora y exsubdirector de la DGAIA, Isabel Carrasco y Joan Mayoral. Además, los grupos de la oposición también exigen explicaciones ante las irregularidades que ha detectado la sindicatura de Comptes en la contratación y el otorgamiento de subvenciones a entidades que gestionan el acogimiento de niños y adolescentes. Por eso, la cámara catalana también ha dado luz verde a la comparecencia del actual director general de la DGAIA, Josep Muñoz Luque.
Más allá de estas comparecencias, la comisión de Drets Socials también ha avalado por unanimidad las comparecencias de una representación de varias empresas y entidades colaboradoras con el Servicio de Acompañamiento Especializado en Jóvenes Tutelados y Extutelados ante la Comisión de Drets Socials para que informe sobre el funcionamiento del servicio, así como la comparecencia de la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Teresa Llorens. También habrá la comparecencia de la exsecretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Núria Valls y la exdirectora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Ester Cabanes.
Junts aprieta por las comparecencias aprobadas en febrero
Además, el pasado 5 de febrero la misma comisión pidió también las comparecencias del exdirector general de la DGAIA, Ricard Calvo; el exconseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir El Homrani; y los exsecretarios generales deTreball, Afers Socials i Famílies Josep Retama y Oriol Amorós. Estas comparecencias están previstas en mayo, pero la diputada de Junts Ennatu Domingo se ha quejado de que ya hace tres meses que se pidieron estas comparecencias. "En caso contrario, desde Junts, pediremos una comisión de investigación sobre la gestión de los recursos públicos por parte de la DGAIA", ha advertido.
Domingo también ha recordado que el informe que la Sindicatura de Comptes presentó en el Parlament pone en evidencia anomalías graves en el ámbito de la contratación pública y de subvenciones por parte de la de DGAIA y del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona. Por eso, ha instado al Govern a actuar de manera responsable y seria. "Pedimos y exigimos más transparencia y rigor", ha finalizado la diputada juntaire.
ERC advierte de un discurso que alimenta la extrema derecha
Aunque todos los grupos han votado a favor de las comparecencias, Esquerra Republicana ha querido responder a las críticas de los partidos que no forman parte del bloque de la investidura de Illa. "Estamos generando un relato que creo que tenemos que ser lo suficiente cuidadosos. En ningún momento estas personas se han negado a comparecer y así lo saben los servicios de la cámara", ha dicho la republicana Najat Driouech Ben Moussa, que ha recordado que las comparecencias que exigía Junts de forma inmediata están agendades en mayo. Eso sí, la diputada republicana ha pedido "ir con cuidado con el discurso". "No somos lo bastante conscientes del relato que estamos alimentando, que no es ningún otro que la extrema derecha", ha dicho.
La Sindicatura de Comptes concluyó que la DGAIA prorrogó varios contratos sin haber firmado ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios durante la época del conseller El Homrani (ERC). También concluyó que se utilizó reiteradamente el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios en el 2017 y en el 2018 sin que se cumplieran los motivos recogidos legalmente, junto con el hecho de que se incluyeron modificaciones del régimen económico que comportaron una alteración significativa de los contratos originales. El informe aseguraba que el gasto reconocido por la DGAIA fue superior al gasto contratado en 774.283 € el ejercicio 2016; en 5,26 M € en el 2017 y en 11,80 en el 2018. Una sobrefacturación que "no tenía cobertura legal para el reconocimiento del gasto".