La semana que viene el pleno del Parlament de Catalunya abordará dos leyes que persiguen las llamadas "ocupaciones ilegales". Así se ha acordado en la Junta de Portavoces celebrada este martes, después de un pacto entre Junts per Catalunya y Ciudadanos durante la misma reunión, que ha contado con el voto favorable del PSC. Al no poder tramitarse de forma conjunta, la formación liderada por Carlos Carrizosa ha aceptado retirar su iniciativa una vez celebrado el debate en la cámara catalana y enmendar el texto registrado por la formación liderada Laura Borràs y Jordi Turull. Este movimiento ha generado perplejidad al resto de grupos. ERC, la CUP y los comunes han visto cómo se tumbaba una comisión de investigación sobre los fondos buitre. Si se repitiera la misma mayoría que en la Junta de Portavoces, la ley de Junts podria acabar siendo aprobada.
De esta forma, en el pleno de la semana que viene, se celebrará el debate de lectura única de la proposición de Junts "de adopción de medidas urgentes frente a la inactividad de la propiedad en caso de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal". Y también se debatirá la proposición de ley de Ciudadanos de "medidas urgentes para garantizar la convivencia pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal".
En rueda de prensa, el jefe de filas de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha señalado que se ha negociado con Junts que "si su ley va más rápida porque es por lectura única", que podrían añadir sus enmiendas y retirar su iniciativa. El dirigente naranja ha remarcado que "tendremos normativa contra la ocupación" y esperan que pueda prosperar aprovechando la "debilidad" de ERC. Fuentes de Junts per Catalunya consultadas precisan que solo se ha pactado llevar las iniciativas al pleno (no incorporar las enmiendas), y rebaten que Ciudadanos también llega a pactos con Vox sobre el modelo policial.
¿Qué plantea Junts?
Concretamente, la reforma legislativa planteada por Junts per Catalunya busca facultar tanto a los ayuntamientos como a las comunidades de propietarios a reclamar judicialmente el desalojo del inmueble ocupado si el propietario no ha actuado en un plazo de treinta días y se cumplen dos requisitos: que haya una "alteración grave de la paz social" y que sean propiedad de grandes tenedores, como la SAREB. También los ayuntamientos podrían adquirir temporalmente el uso" de estos inmuebles para vivienda social. Es una iniciativa en la que trabajaba la exconsellera de Justicia Lourdes Ciuró antes de la ruptura del Govern el pasado octubre.
¿Qué propone Ciudadanos?
Por su parte, la proposición de Ciudadanos plantea una reforma del Código Civil de Catalunya para "garantizar la convivencia pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal". La iniciativa faculta a las comunidades de vecinos para emprender acciones legales ante "acciones contrarias a la convivencia normal a la comunidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble", así como "las actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyen o prohíben de forma expresa".