El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha apelado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el rechazo inicial al recurso contra la decisión de la Eurocámara de declarar vacante su escaño. Después de que el Tribunal General de la UE, primera instancia en Luxemburgo, desestimara en diciembre la queja de Junqueras contra el Parlamento Europeo, el líder de ERC presentó un recurso en última instancia el pasado 25 de febrero.

Desde el partido esperan que el TJUE sea "más receptivo" a su caso, aunque desestimó la adopción de medidas cautelares en octubre. Hasta ahora, el TGUE ha girado en primera instancia hasta tres intentos del republicano para ocupar el escaño.

Aparte de los litigios en Luxemburgo, el líder de ERC está pendiente del recurso de súplica ante el Tribunal Supremo para sacarle el mandato como eurodiputado. Junqueras considera que la sentencia del TJUE del 2019 impedía en el Supremo tomar esta decisión y en la Eurocámara acatarla.

Rechazo por parte del TGUE

Hace poco más de un mes, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya declaró "inadmisible" un recurso presentado por Junqueras, contra la misma Eurocámara por no haber adoptado medidas urgentes para confirmar su inmunidad. El tribunal aseguró que la denegación de la inmunidad en Junqueras por parte del Parlamento Europeo "no es un acto impugnable".

Al fin y al cabo se remonta al 2 de julio del 2019, cuando se celebró la primera sesión plenaria en el Parlamento Europeo después de las últimas elecciones, celebradas el 26 de mayo de aquel mismo año, pero Junqueras, elegido en los comicios, no pudo asistir porque estaba encarcelado. La Junta Electoral española declaró vacante su escaño, pero el 4 de julio de 2019 la eurodiputada de ERC Diana Riba solicitó al presidente de Parlamento, David Sassoli, en nombre de Junqueras y sobre la base del reglamento interno de la Eurocámara, adoptar medidas urgentes para confirmar la inmunidad.

En agosto, el presidente de Parlamento informó Riba de que se había denegado su solicitud y en octubre del 2019 el Tribunal Supremo condenó a Junqueras a trece años de prisión y trece años de inhabilitación absoluta, interpretando una privación de todos sus cargos públicos, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener nuevos. En noviembre de 2019, el vicepresidente interpuso un recurso contra la denegación de la solicitud para confirmar su inmunidad por parte del presidente de Parlamento.