Trece independentistas serán juzgados el 5 y 6 de febrero en la Audiencia de Barcelona por haberse sentado y encadenado el 23 de febrero del 2018 en las escaleras del Palau de Justícia de Barcelona. Se enfrentan a penas de entre un año y dos años y medio de prisión por los delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia grave y consideran que se está "criminalizando" el derecho a la protesta.
Han acusado a la fiscalía de buscar la "represión" del movimiento independentista y hacer unas peticiones de pena con motivaciones "políticas". Buena parte de los encausados y del grupo de apoyo han celebrado una rueda de prensa delante del mismo TSJC, y al finalizar unos mossos d'esquadra han querido identificar al abogado y a los activistas por no haber comunicado el acto.
Entre los 250 concentrados que había aquel 23 de febrero se hicieron varias detenciones y han resultado encausadas un menor y trece personas más. Once de los mayores de edad están acusados de desórdenes públicos, y la fiscalía, única acusación, les pide dos años y medio de prisión. Los otros dos adultos se enfrentan a un año de prisión por desobediencia y resistencia grave a la autoridad. El 27 de septiembre siguiente se volvieron a concentrar decenas de personas en apoyo a los primeros encausados, y diez personas han sido multadas según la llamada ley mordaza con sanciones de hasta 600 euros.
Eduardo Cáliz durante la rueda de prensa / ACN
El abogado defensor, Eduardo Cáliz, ha afirmado que el juicio persigue a la movilización ciudadana. Cáliz ha recordado que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dice que los cortes de calles y otros tipos de movilizaciones molestas se enmarcan en la libertad de protesta. El colectivo de apoyo a estos encausados hará de ahora hasta febrero una campaña en las localidades originarias de los activistas y vídeos con personalidades diversas, además de una manifestación.