Las relaciones entre el juez Manuel Marchena y las defensas del juicio del 1-O habían quedado muy maltrechas cuando se levantó la última sesión, el martes de la semana pasada. El enfrentamiento del presidente de la sala con los abogados de Jordi Cuixart provocó una profunda irritación en el tribunal que se extendió por los pasillos del Supremo y fue recogida por los medios de comunicación, donde incluso se advertía que, en opinión de los jueces, la actuación de algunos abogados chocaban con el código deontológico de la abogacía.

Aquel mismo martes, al levantarse la sesión, el juez pidió a los letrados que se quedaran un rato para abordar cuestiones de "pura intendencia". Aprovechando aquella conversación, los abogados de Cuixart pidieron explicaciones a Marchena sobre las informaciones que cuestionaban su comportamiento y este quitó hierro a la filtración. Pero lo cierto es que no hubo ninguno tipo de desmentido, por lo cual se mantuvo una profunda preocupación por la actitud del tribunal.

Incluso, el Consejo de la Abogacía Catalana salió al día siguiente en defensa de los abogados de Cuixart, Marina Roig, Benet Salellas y Àlex Solà, con una nota en que tildaba de "presión" evidente contra el legítimo derecho de defensa, además de impropio e inadecuado las valoraciones del Supremo.

Este jueves, con la reanudación del juicio después de la constitución del Congreso y el Senado, las relaciones entre los letrados y el presidente del tribunal tenían una nueva prueba de fuego: El informe pericial de dos expertos, los sociólogos John Paul Lederach y Jesús Castañar, que desmiente que hubiera habido violencia el 1-O ni el 20-S y que enmarca en todo momento la protesta que se registro en el marco de la desobediencia civil y la resistencia pacífica.

Esta prueba es un argumento importante para la defensa del presidente de Òmnium. La habían trabajado muy a fondo y tenían la voluntad que la opinión de los expertos sobre el liderazgo pacífico de Jordi Cuixart y sobre la calificación de los expertos sobre lo que ocurrió el 1-O y el 20-S se pudiera exponer. Y así lo han hecho saber a Marchena antes de empezar el juicio.

Dentro de la sala el tribunal ha permitido sin poner ningún impedimento la declaración tal y como la ha planteado el abogado Benet Salellas, aunque el pormenorizado interrogatorio ha provocado más de un levantar de cejas de algun jueces. Con todo, donde se ha hecho evidente el cambio de actitud de Marchena ha sido a la hora de marcar los límites al interrogatorio de la Fiscalía.

El fiscal Jaime Moreno ha intentado tumbar los argumentos de los expertos señalando hechos concretos que se produjeron el 20-S y el 1-O como el destrozo de los vehículos de la Guardia Civil o la respuesta de algunos votantes a las cargas policiales. El presidente de la sala ha intervenido en numerosas ocasiones para advertirle que estaba intentando convertir en testigo a sociólogos que comparecían como expertos. "Eso se está deslizando en un terreno que no es el correcto", ha apuntado, lo cual no ha impedido que el fiscal insistiera preguntando uno a uno por los diferentes episodios que las acusaciones consideran como violencia.

Hasta que, de nuevo, Marchena ha cortado al fiscal para dejar claro que los expertos ya habían planteado sus conclusiones, que entrar a definir el concepto de violencia desborda el marco del juicio y que la presencia de los sociólogos tenía un sentido muy concreto. "El examen que está realizado se está deslizando hacia una situación que no es ortodoxa", ha sentenciado. Y el fiscal ha dado por acabado el interrogatorio.