Los observadores internacionales del Internacional Trial Watch denuncia que el tiempo que se dejó a las defensas para exponer los informes finales en el juicio al procés ha sido ''insuficiente''. Este es el último informe del Internacional Trial Watch, que el 9 de julio tiene previsto presentar una primera valoración global del trabajo realizado.

Los observadores consideran que se hubiera tenido que habilitar un día más de sesiones y dedicar tres a los informes finales y las últimas palabras de los acusados, teniendo en cuenta, consideran los observadores internacionales, que las acusaciones elevan las peticiones hasta los 74 años de prisión. Los observadores creen que ''tan poco tiempo ha puesto'' en una situación de ''fuerte presión'' los letrados de las defensas, en una causa con uno enorme ''patrimonio probatorio''. La organización cree también que ha habido una ''desproporción manifiesta'' entre las horas que pudieron dedicar las tres acusaciones, siete, y las de las defensas individualizadas, que fueron doce.

Último comunicado

En el último comunicado sobre las valoraciones del juicio del 1-O, los observadores internacionales han criticado la distribución de los tiempos , ya que consideran que la ''necesidad de celeridad en un juicio con nueve de los acusados presos, no puede ir en detrimento del derecho de defensa de los acusados". Defienden que hay que poder contrarrestar las acusaciones haciendo una valoración de la prueba en 422 testigosy dieciséis peritos, además de la documentación extensa del sumario. Para los observadores, se debe tener en cuenta que el juicio se ha celebrado ante un tribunal, el Supremo, que no permite la apelación a una segunda instancia.

Este es el último informe que hace la entidad sobre el juicio al procés, antes de que el 9 de julio próximo se presente el informe preliminar con una primera valoración global del trabajo de observación realizado.

Durante las dieciocho semanas de juicio, International Trial Watch ha estado presente en las dieciocho sesiones con la presencia de cuarenta observadores internacionales de cuatro continentes, diez académicos de diferentes universidades españolas y nueve miembros de organizaciones de defensa de los derechos y libertades de Madrid, el País Vasco, Galicia, Andalucía, Islas Baleares y Catalunya.