Este mes de noviembre, la Audiencia de Barcelona juzgará a cuatro activistas independentistas acusados a raíz de la protesta conocida como holi, organizada contra el homenaje que el sindicato policial Jusapol hizo a los agentes implicados en la represión del referéndum del 1-O de 2017. En noviembre de 2018, los sindicatos policiales españoles protagonizaron manifestaciones polémicas en Barcelona, y una de ellas, protagonizada por Jusapol, era para exigir una equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad del Estado y para rendir honores a los policías y guardias civiles que habían actuado con violencia contra los votantes del 1-O.

Como respuesta, los jóvenes de Arran y miembros de los CDR organizaron una contramanifestación, la protesta holi, que llenó de polvo de colores a agentes de las unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, que separaba las dos protestas en la Via Laietana. Aquella intervención acabó con varias personas encausadas, acusadas de desórdenes públicos y agresiones a los agentes.

No se les aplicó la ley de amnistía

La fecha del juicio ya ha sido fijada: los días 3, 5 y 6 de noviembre. Entre los acusados está Adri de Badalona, para quien la fiscalía pide seis años de prisión, y tres jóvenes más procedentes de Barcelona, Terrassa y Santa Margarida de Montbui. El pasado mes de junio, la Audiencia de Barcelona les denegó la aplicación de la amnistía compartiendo así el razonamiento de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado que su actuación no se enmarca en acciones para favorecer la independencia de Catalunya o para pararla. "La acción atribuida a los acusados, se produjo en un contexto contrario a los actos que la ley declara amnistiables, porque tuvo lugar en el marco de un dispositivo policial desplegado con el objetivo de proteger a los asistentes con motivo de la manifestación convocada por las asociaciones de Policías Nacionales y Guardias Civiles" decía la resolución en la cual tuvo acceso ElNacional.cat.

Desde Alerta Solidaria recuerdan que el abogado de la defensa, Xavier Monge, solicitó la aplicación de la amnistía tan pronto como la ley entró en vigor, en junio de 2024, pero se rechazó. El 30 de junio se presentó recurso de apelación, pero a estas alturas la Audiencia todavía no ha trasladado las actuaciones al TSJC para que resuelva la cuestión. A pesar de esta parálisis en la tramitación de la amnistía, los trámites ordinarios del procedimiento han continuado y ya se ha señalado la vista oral.