Siete de los presos políticos continuarán encerrados hasta que se resuelva el recurso de Fiscalía contra la aplicación del tercer grado. La titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya ha rechazado este martes los recursos de reforma presentados por los líderes independentistas contra la providencia que suspendía la aplicación del tercer grado.

La jueza ha optado por mantener la suspensión del régimen de semilibertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Cuixart mientras acaba de resolver el recurso de la fiscalía que prevé terminar "en los próximos días" por su "carácter preferente y urgente". La magistrada apunta a los siete escritos que no quiere "prejuzgar ni entrar a conocer el fondo del asunto principal".

En caso de que el juzgado de vigilancia penitenciaria avalara el tercer grado, la Fiscalía todavía podría presentar otro recurso al Tribunal Supremo, así que la decisión final sobre la semilibertad de los presos acabaría dependiendo del alto tribunal.

Menos de dos semanas en tercer grado

El pasado 14 de julio el equipo del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima avaló las resoluciones de las juntas de tratamiento del 2 de julio y concedió definitivamente el tercer grado a los nueve presos políticos. Así pues, desde el 17 de julio, los líderes independentistas podían pasar el fin de semana en casa y volver el lunes al centro penitenciario.

Los presos, sin embargo, sólo pudieron disfrutar durante dos fines de semana del tercer grado, que les permitía dormir cuatro días en la prisión y tres en su casa. El martes 28 de julio se decretó la suspensión de este régimen de semilibertad.

Forcadell y Bassa continúan en semilibertad

La decisión de la jueza no afecta a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, a quien otro juzgado penitenciario -el número 1 de Barcelona- optó por mantener en tercer grado mientras estudia el recurso de la Fiscalía.

El magistrado defendía en los autos que la ley sólo prevé la suspensión cautelar cuando se presenta el recurso de apelación ante el tribunal sentenciador, es decir, ante el Tribunal Supremo, no antes. Por eso, se negó a suspender el tercer grado, ya que el recurso se encuentra todavía en manos del juzgado de vigilancia penitenciaria.

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