La magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitencia 5 de Catalunya ha otorgado un permiso de seis días al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el secretario general de JxCAT, Jordi Sànchez. Esta decisión nace a raíz de las peticiones de la junta de tratamiento del centro penitenciario de Lledoners (Bages), donde los Jordis cumplen condena por las movilizaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre del 2017, que pidió que se los autorizas este permiso. Una propuesta a la cual no se ha opuesto el ministerio fiscal.

Se da el caso de que este mismo juzgado es el que resolvió que los presos políticos tenían derecho a disfrutar del tercer grado, pero mantenía las medidas cautelares que les habían impuesto por petición de la fiscalía para que no les aplicaran este régimen de semilibertad hasta que no hubiera una resolución del Tribunal Supremo.

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Jordi Cuixart y Jordi Sànchez en una imagen de archivo

Cumplen los requisitos establecidos

En las dos resoluciones, la jueza alega que se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento penitenciario para conceder estos permisos ordinarios, que los informes del equipo técnico de la prisión son favorables y que no hay oposición del ministerio fiscal ni "controversia" para su concesión.

Además, el acto de la magistrada, que se ha dado a conocer este jueves, establece que este permiso de seis días son de ejecución inmediata a la vez que se pueden ser fraccionados.

Desde que se anuló el tercer grado a los presos políticos, Cuixart pasa 23 horas al día cerrado en una celda de Lledoners, denunció recientemente al vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri. Su aislamiento se debe a las medidas de seguridad del centro penitenciario contra el coronavirus, una situación que se ha visto todavía más agravada con la suspensión del tercer grado de los presos políticos.

En otro ámbito, la Audiencia de Girona ha desestimado el incidente de nulidad presentado por el ministerio fiscal contra la resolución de la sala sobre la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exconsellera Dolors Bassa, condenada por el procés.

La Audiencia provincial se reafirma así en su resolución del pasado 22 de julio donde consideraba que no le correspondía pronunciarse, en aquel momento, sobre el 100.2 al encontrarse a la interna Dolors Bassa clasificada ya en tercer grado.

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