El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar a dieciséis personas por el supuesto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado caso Gaslow o trama de los hidrocarburos, según ha informado este lunes el tribunal. En el auto, de pase a procedimiento abreviado, el magistrado atribuye a los investigados, entre ellos el empresario Claudio Rivas, siete delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. Además, propone que se declare a un total de 82 personas jurídicas como responsables civiles. Ahora, la Fiscalía y las acusaciones tienen que informar si quieren llevarlos a juicio y las penas que les solicitan.
En el caso del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, propone juzgarle por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Precisamente, Sánchez Yepes sale como uno de los contactos de la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada en otra causa por el mismo Pedraz, por liderar con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, un grupo para torpedear causas penales contra el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
Los líderes del grupo
En el auto, el juez Pedraz explica que de lo instruido en este procedimiento se desprende que los investigados formaban parte de una organización criminal, integrada por tres grupos de individuos, que actuaban de forma coordinada y cuya finalidad era utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial que les permitiera bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado. De este modo, señala, conseguían aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos.
La organización —sostiene el instructor— estaba estructurada en varios grupos liderados por distintos responsables y, aunque pudiera existir una relación de horizontalidad en las relaciones entre estos líderes, los recursos necesarios para cometer el fraude, esto es, la capacidad de introducir hidrocarburo en el esquema societario, estaban en poder de los que poseen las operadoras: Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energias S.L. y, por tanto, de los investigados Antonio Rodríguez Estepa y Juan Simón Martínez. Dentro de cada uno de los grupos existía una jerarquía, siendo liderados cada uno de ellos por Rodríguez Estepa, Javier García Pérez y Claudio Rivas.
Un blanqueo de casi 60 millones
El magistrado detalla que la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. En cuanto a la cuota defraudada en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones de euros.
Una vez cometido el fraude —sostiene el juez—, el disfrute de los beneficios no se llevaba a cabo directamente por la organización criminal desde las entidades con las que se realiza, sino que existían uno o varios pasos previos para alojar los fondos. En este sentido, indica, se han detectado operativas acreditativas de blanqueo de capitales por importe de casi 60 millones de euros.
Los pagos al capitán Yepes
En su auto, el juez detalla la colaboración con la organización criminal del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, integrante desde enero de 2008 a julio de 2022 del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO).
El magistrado detalla las relaciones del agente con los miembros de la organización criminal y los pagos recibidos por la supuesta revelación de informaciones policiales a las que tenía acceso, lo cual pudo permitir a aquellos tener conocimiento previo de las actuaciones policiales y detenciones que se iban a realizar y anticiparse a las consecuencias de los registros. Según el auto, el patrimonio de Yepes pasó de 251.587,89 euros del año 2018 a 590.300,21 en 2022, lo que supone un incremento de un 134 % en cuatro años.