El juez Juan Carlos Peinado no desiste en su empeño y quiere enviar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a un jurado popular si el caso llega finalmente a juicio. El letrado ha citado a los investigados, la Fiscalía y las acusaciones el próximo 1 de abril, informa Europa Press. En un auto de 47 páginas, el magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, establece también la acumulación conjunta de la investigación de los hechos en una pieza separada por un "hipotético delito de malversación de caudales públicos" contra Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. En febrero, la Audiencia Provincial de Madrid frenó la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de la esposa de Sánchez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados de la Audiencia Provincial alegaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.
Ahora, el magistrado llega a la conclusión de que "se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado". Peinado manifiesta en el auto que Begoña Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno" para "impulsar su proyección profesional" en la Universidad Complutense de Madrid, "obteniendo para ello una interlocución singular con responsables" del centro, "empresas patrocinadoras" y "entidades del sector tecnológico", indica. Así, señala que su condición de pareja de Sánchez "influye en la conducta de cualquier ciudadano" por el "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones".
La cátedra
El juez recalca que Gómez "recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial" para "la creación, desarrollo y expansión" de una cátedra universitaria de la que, según el magistrado, se habría apropiado indebidamente. "Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no solo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas", añade.
En ese punto, asevera que Álvarez "era percibida por terceros no como una asistente protocolaria" de la mujer de Sánchez, sino como una "persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra" y del proyecto vinculado al 'software'. El auto, cuyo objetivo, dice Peinado, no es "anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral o sobreseimiento" sino "verificar la verosimilitud" de los hechos investigados, desliza que Gómez, valiéndose de su condición de esposa de Sánchez, pudo escribir cartas "sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos" para presuntamente "beneficiar" al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer investigado en esta causa.