El juez Juan Carlos Peinado ha dado el paso más contundente desde que abrió la investigación contra Begoña Gómez. El magistrado ha dictado la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, el instructor ha acordado retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio español e imponerle la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días, unas medidas cautelares especialmente relevantes en una causa de enorme impacto político y mediático. La decisión llega después de la vista preliminar celebrada el pasado lunes, un trámite necesario antes de enviar a Gómez al banquillo de los acusados en la pieza principal del sumario. Durante aquella sesión, las acusaciones populares volvieron a reclamar la retirada del pasaporte, una petición impulsada por Hazte Oír y secundada también por otras acusaciones, entre ellas Vox.
La decisión consta en una interlocutoria de 84 páginas dictada este sábado. En la resolución, el magistrado acuerda aplicar las mismas medidas cautelares a la ex asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, que se mantendrán vigentes durante toda la tramitación de la causa y hasta que se dicte una resolución judicial firme. El juez instructor atribuye a Begoña Gómez y a su exassessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Prohibición de abandonar territorio español
En cuanto a las medidas cautelares, Peinado ordena "la retirada de todos los pasaportes de que puedan disponer, independientemente de la nacionalidad, tanto ordinarios como diplomáticos, y prohíbe expresamente la expedición de nuevos documentos de viaje". La resolución también les impide abandonar el territorio español. Para garantizar el cumplimiento, el juez ha comunicado la decisión a todos los puntos fronterizos y a los aeropuertos civiles y militares del Estado, con el objetivo de evitar cualquier salida del país mientras la causa continúe abierta.
No es la primera vez que se pedía una medida de este tipo. Ya en noviembre de 2024, la acusación popular intentó que el juez restringiera los movimientos de la esposa del presidente con motivo de un viaje previsto con Sánchez a la cumbre del G-20 en Brasil. En aquel momento, Peinado rechazó la petición porque la consideraba "innecesaria" y "desproporcionada". Ahora, sin embargo, ha cambiado de criterio.
Riesgo de fuga y dudas de las fuerzas de seguridad
Además, Peinado considera que hay riesgo de fuga, pero el que más sorprende es que el juez cree que las fuerzas de seguridad podrían colaborar en una posible fuga. El magistrado argumenta que, a pesar de que Begoña Gómez dispone de escolta y protección policial por el hecho de ser la esposa del presidente del Gobierno, "no hay ninguna duda" que estos mismos agentes podrían llegar a "colaborar" en una hipotética fuga, sea "por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", hasta el punto de dificultar que la acusada continuara a disposición de la justicia.
Peinado añade que la situación actual de Gómez tampoco es permanente. "Es especialmente trascendente que la condición de presidente del Gobierno de su esposo sea una circunstancia efímera y, por lo tanto, transitoria", escribe el juez, que considera que la desaparición futura de esta protección policial podría "facilitar todavía más" una eventual fuga.
Medidas cautelares para la exasesora, pero no por Barrabés
El juez ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente al juzgado para Cristina Álvarez, la exasesora de Gómez a la Moncloa, que también será juzgada en esta causa, argumentando que mantiene con ella una "estrecha vinculación personal", además de acompañarla habitualmente y coordinar sus actividades. Por este motivo, considera que se encuentra en una situación similar a la de la esposa del presidente del Gobierno y que, por lo tanto, también dispondría de los mismos medios para "huir y eludir la acción de la justicia". En la interlocutoria, Peinado sostiene que Álvarez "ha venido actuando en calidad de asistente" de Gómez y que ha mantenido una relación de proximidad que justificaría la aplicación de las mismas medidas cautelares, incluida la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
En cambio, el magistrado no ha adoptado ninguna medida cautelar contra el empresario Juan Carlos Barrabés, otra de las figuras clave del procedimiento e investigado por su relación con los proyectos profesionales de la esposa del presidente del Gobierno. Precisamente, este sábado el juez Peinado imputó dos nuevos delitos al empresario, el de prevaricación y fraude de los intereses de la Unión Europea por supuestas irregularidades en una serie de contratos sufragados con fondos europeos.
"Aprovechamiento de su posición relacional"
A lo largo de la instrucción, Peinado ha investigado varias líneas que considera conectadas entre sí. Por un lado, el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos. De la otra, la gestión de la cátedra y de los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La causa también pone el foco en una presunta apropiación indebida del software desarrollado en el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), que según el juez podría haber acabado bajo control privado a pesar de haberse desarrollado en el entorno universitario.
Finalmente, la investigación examina el papel de Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa asignada a Begoña Gómez, para determinar si participó en actividades vinculadas a los proyectos profesionales de la esposa del presidente del Gobierno a pesar de estar remunerada con fondos públicos.
El juez sostiene que los hechos atribuidos de manera indiciaria a Begoña Gómez podrían haber comportado que, desde la llegada de su marido primero a la secretaría general del PSOE y, especialmente, a la Presidencia del Gobierno, se tomaran determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC. Según Peinado, estos beneficios podrían haberse obtenido gracias a un "aprovechamiento singular de su posición relacional", es decir, de su vinculación con Pedro Sánchez. El magistrado defiende esta tesis en la interlocutoria y la reitera en la línea otras resoluciones dictadas a lo largo de la investigación.
Con esta resolución, lo juzgue mujer por concluida la instrucción de la pieza principal del caso y abre la puerta a la celebración del juicio, en que será un tribunal quien tendrá que determinar si los indicios recopilados durante la investigación se convierten o no en responsabilidades penales.
La apertura de juicio oral no supone una condena ni implica que los hechos investigados hayan quedado acreditados, pero significa que el juez considera que existen indicios suficientes para que el caso sea examinado en un juicio, donde las acusaciones tendrán que sostener sus tesis y la defensa tendrá la oportunidad de rebatirlas. Aun así, la acusación popular liderada por Hazte Oír ya ha avanzado que reclamará hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez, resultado de sumar las penas correspondientes a los cuatro delitos por los cuales será enjuiciada: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Esta petición, pero, no vincula al tribunal, que sería quien decidiría eventualmente la condena después del juicio.
Más presión por Pedro Sánchez
La resolución añade presión política sobre Pedro Sánchez en uno de los momentos más delicados de la legislatura. El Gobierno ha rechazado reiteradamente las acusaciones contra Gómez y ha denunciado una ofensiva judicial y política contra el entorno del presidente. Cuando se conoció que las acusaciones populares volvían a pedir la retirada del pasaporte, la portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, ya advirtió que una medida así "no se entendería".
El procedimiento queda ahora pendiente de los próximos pasos procesales: la preparación del juicio, la fijación de la fecha de la vista y la estrategia de las partes. Pero el movimiento de Peinado marca un antes y uno después en la causa. Begoña Gómez pasa de investigada a acusada formalmente y queda encaminada hacia el banquillo de los acusados, mientras el caso entra de pleno en una nueva fase judicial y política.