Juan Carlos Peinado no da tregua y amplía su ofensiva judicial en el caso Begoña Gómez. El juez ha abierto este viernes una pieza separada. Investiga si el empresario Juan Carlos Barrabés ha podido cometer presuntos delitos de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea por supuestas irregularidades en una serie de contratos sufragados con fondos europeos. El magistrado le atribuye estos dos nuevos delitos a raíz de un contrato adjudicado en 2020 por la compañía pública Red.es a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la consultora KPMG e Innova Next, de Barrabés, por valor de 4,05 millones de euros en concepto de "Servicios de apoyo y asesoría", según consta en una interlocutoria y resoluciones de la Fiscalía Europea a las que ha tenido acceso este periódico.
Peinado basa sus sospechas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que analiza los correos electrónicos corporativos de 13 personas vinculadas a Red.es. La Guardia Civil descubrió que durante el proceso de valoración, se habría obviado y ocultado deliberadamente que la UTE de Barrabés y KPMG no había presentado un "libro blanco", el cual era un requisito estrictamente exigido en los pliegos del contrato. La investigación también concluyó que el informe de valoración final habría ocultado esta carencia para que no fuese detectada por otros competidores, otorgando así a dicha UTE la máxima nota en los juicios de valor y resultando finalmente adjudicataria.
En un primer momento, la Fiscalía Europea creyó que este contrato estaba financiado con fondos europeos y, al detectar indicios de prevaricación y fraude, decidió asumir la investigación. Pero la defensa de Barrabés recurrió esta decisión, y el Juzgado Central de Instrucción de Madrid anuló la apropiación del caso por parte de la Fiscalía Europea. El juez argumentó que la Abogacía del Estado había acreditado documentalmente que dicho expediente no fue financiado con fondos europeos.
La Fiscalía Europea dejó sin efecto su propia investigación y trasladó formalmente el atestado de la UCO a Peinado. Ahora el juez que investiga a Begoña Gómez abre una pieza separada para investigar los hechos, y traslada a la Fiscalía que emita un informe valorando si los hechos descritos en el atestado de la UCO constituyen un delito penal.
Begoña Gómez, a un paso del juicio con jurado popular
La nueva decisión de Peinado llega después de que se celebrara la audiencia preliminar al juicio de Begoña Gómez, que el instructor ha decidido que se siente ante un jurado popular. Las acusaciones solicitaron la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno y la obligación de comparecer ante un juzgado cada 15 días, pero el magistrado todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto.
El instructor ha investigado un caso de supuesto tráfico de influencias por parte de Gómez en favor de Barrabés, su gestión en la cátedra y dos másteres que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, la presunta apropiación indebida del software de esta cátedra, y el nombramiento como asesora en la Moncloa de Cristina Álvarez, quien se habría extralimitado ayudándola en sus negocios privados.