El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene que Santos Cerdán, cuando era secretario de Organización del PSOE, puso en marcha una “trama criminal” el abril de 2024 para “obstaculizar sistemáticamente” las investigaciones que asediaban al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, según la resolución comunicada este miércoles, con la reclamación de información en la sede del PSOE. Añade que Cerdán contrató a Leire Díez con 4.000 euros al mes, pagados por el PSOE, para torpedear investigaciones y supuestamente comprar fiscales y policías. Además, el magistrado sostiene que esta “estructura criminal” se habría puesto en marcha cuando Pedro Sánchez inició el periodo de reflexión, con la carta Abierta a la Ciudadanía, entre el 24 y el 29 de abril de 2024, a raíz de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, ahora a un paso de ser juzgada.
En el auto, de 50 páginas y al que ha tenido acceso ElNacional.cat, el juez Pedraz detalla “tres hitos” para activar esta estructura: el inicio del caso Koldo, en febrero de 2024, y en abril la imputación de su mujer y la de su hermano, David, que será juzgado este mes.
Los imputados
Cerdán, imputado en esta nueva trama, es actualmente investigado en la Audiencia Nacional por liderar un grupo con el exministro José Luis Ábalos de cobro de comisiones ilegales a constructoras. El juez Pedraz también sitúa en esta supuesta organización criminal, con “plurales delitos de cohecho”, a Leire Díez, exmilitante socialista y ya investigada por un juzgado de Madrid por lo mismo: intentar influir a fiscales como, por ejemplo, a José Grinda e Ignacio Stampa. También al empresario Javier Pérez Dolset, que trabajaba con Díez y afectado por varias investigaciones de Anticorrupción. Además, incluye en la investigación al dirigente histórico Gaspar Zarrías —exvicepresidente de la Junta de Andalucía— y al abogado Ismael Oliver Romero.
Además de los cinco principales acusados, el juez considera que la actuación del abogado Jacobo Teijelo, defensor de Cerdán y que cobró unos 125.000 euros del PSOE, y del capitán de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, se podría encuadrar en los delitos de revelación de secretos, soborno y contra las instituciones del Estado. En cuanto a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, se afirma que puede ser “cómplice” para hacer facturas falsas para pagar a Díez.