Manuel García-Castellón fue uno de los jueces -ahora jubilado- que protagonizó la persecución judicial contra los líderes y activistas del procés independentista. El juez de la Audiencia Nacional investigó al president en el exilio, Carles Puigdemont, junto con la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros dirigentes y activistas independentistas por un delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic. La causa quedó en agua de borrajas por un error formal que desguazó su persecución, pero, ahora jubilado, García-Castellón ha publicado un libro, Habla, para que se conozca (Deusto, 2025), repasando su trayectoria y en el que se declara víctima de "la mayor operación de Estado" por haber investigado a Carles Puigdemont. Aprovechando la publicación del libro, el exjuez da entrevistas por todas partes y, este martes, le ha tocado al Cafè d'Idees de la 2Cat, donde ha defendido que el procés fue un golpe de Estado.

"Desde mi máximo respeto al Constitucional, tengo mi opinión, que es modestísima, pero creo que la amnistía tiene su sentido en un cambio de régimen, y no en el intento de un golpe de estado", ha dicho García-Castellón, quien lo ha comparado con el golpe de estado de 1982. "Es como si entonces se hubiera amnistiado a los golpistas", ha asegurado el magistrado, quien se ha mostrado muy convencido de que lo que pasó en 2017 fue un "golpe de Estado". Ante esto, uno de los principales afectados por la persecución judicial de octubre del 17, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha revuelto contra el juez. "Él sí que cambió mentalmente de régimen", ha dicho Turull a través de X, desde donde considera que aún sigue en el marco mental franquista. "Un justiciero al servicio de las esencias del franquismo a golpe de toga", ha espetado. 

Polémica con García-Castellón

Turull estuvo más de tres años en prisión y salió gracias a un indulto, pese a la condena de doce años de prisión. De hecho, todavía arrastra una condena por inhabilitación y, aunque debería ser amnistiado, un año y medio después el Tribunal Supremo le niega la aplicación de la ley. García-Castellón, en el libro, justifica que la imputación por terrorismo “respondía a la gravedad de los hechos” y a la “persistencia del movimiento independentista en tratar de subvertir el orden constitucional”. “Aquel 6 de noviembre [el día que se supo que investigaba a Puigdemont], sintió la conocida soledad del juez, y el peso de su responsabilidad. Sabía que tendría una enorme repercusión y que se estaba metiendo en un problema en el que los políticos entrarían de lleno”, dice en el libro. De hecho, la imputación de Puigdemont coincidió en medio de las negociaciones por la ley de amnistía.